Ultimátum al gobierno Catalán

EFE | LA PATRIA | MADRID

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo ayer a los independentistas catalanes que no habrá mediación posible en su aspiración secesionista, aunque dejó la puerta abierta a dialogar la forma de mejorar la convivencia.

Rajoy compareció en el Congreso para dar su punto de vista sobre la situación en la región de Cataluña, horas después de enviar un requerimiento oficial al presidente de esa comunidad autónoma, Carles Puigdemont, para que aclare, con el próximo lunes como límite, si el pasado martes declaró la independencia en su Parlamento.

En el caso de que la respuesta sea positiva, da un segundo plazo, hasta el próximo jueves, para que rectifique y vuelva a la legalidad, ya que en caso contrario llevará a la práctica el artículo 155 de la Constitución, que otorga al Gobierno español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades autonómicas.

Puigdemont anunció el martes que asumía el mandato procedente del referéndum ilegal del 1 de octubre para declarar la independencia, aunque suspendió sus efectos para abrir paso el diálogo.

Según Rajoy, el derecho a decidir, invocado por los secesionistas, "no existe en un país democrático" y añadió que "ni un solo país del mundo" se ha podido tomar "mínimamente en serio" esa consulta del 1 de octubre, "que no resiste la más elemental prueba" de transparencia y neutralidad.

En su comparecencia ante los diputados, Rajoy aseguró que desea "fervientemente" que Puigdemont, "acierte en su respuesta" al requerimiento.

Esa respuesta del líder catalán "marcará el futuro de los acontecimientos" de los próximos días, en palabras del jefe del Gobierno español, quien se comprometió a escuchar las aportaciones de todas las fuerzas parlamentarias en el contencioso catalán.

Les recordó a los diputados que "todos" tienen "la obligación de contribuir a mitigar con serenidad" una situación que los españoles están viviendo con "inquietud y zozobra".

Rajoy reiteró que lo que tuvo lugar el pasado 1 de octubre fue una votación ilegal para "violar la Constitución, la unidad de España y el Estatuto de Cataluña" y que fracasó "rotundamente".

Agradeció las numerosas ofertas de "mediadores", pero les ha recordado que nada hay que acordar sobre lo que ya está establecido en la Constitución: la indivisibilidad de España y que la soberanía reside en el conjunto de los españoles.

Las palabras del presidente español fueron respaldadas por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, y los liberales de Ciudadanos, en las intervenciones posteriores de sus representantes parlamentarios.

En rechazo frontal a la posición del presidente español se manifestaron los diputados de las formaciones independentistas catalanas ERC y PDeCAT, quienes le reprocharon su "empeño" por mantener la unidad de España a toda costa.

En una entrevista concedida a CNN, el presidente del Ejecutivo de Cataluña, Carles Puigdemont, se mostró ayer dispuesto a entablar un diálogo "sin condición previa" con el Gobierno español para intentar acercar posiciones.