Temer planea recortar 4 mil empleos públicos

EFE | LA PATRIA | Brasilia

El nuevo Gobierno de Brasil del presidente interino, Michel Temer, anunció un corte de gastos públicos y una auditoría de los programas de asistencia a los pobres, como primeras medidas para sacar al país de la recesión.

Las medidas más duras, dentro del plan de ajuste que prepara el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, tendrán que esperar a que se conozca el real estado de las cuentas que dejó Dilma Rousseff, quien fue suspendida el jueves bajo la acusación de haber realizado maniobras contables irregulares para maquillar el déficit fiscal (Ver infográfico).

La primera medida anunciada fue la eliminación de al menos 4.000 empleos públicos hasta el próximo 31 de diciembre, lo que supone el despido del 25 % de la plantilla de cada ministerio.

El objetivo es cortar gastos y mejorar la eficacia del Estado, dos de las prioridades que se fijó Temer en el discurso que pronunció al asumir la Presidencia.

Medidas

En un futuro, el propósito del Gobierno es bajar los impuestos para incentivar el crecimiento de la economía, que actualmente atraviesa la recesión más profunda en siete décadas.

La economía brasileña se hundió un 3,8% el año pasado y, según diversas proyecciones, el varapalo del PIB puede ser similar este año y rondar una caída del 3,5%.

Más inmediata será la revisión de los programas de asistencia social, que pasarán por una "auditoría" a pesar de que Temer recalcó que no pretende eliminarlos.

El ministro de Planificación, Romero Jucá, calculó que entre el 30% y el 40% de los beneficiarios de los programas sociales no cumple los requisitos exigidos por ley y debería de dejar de recibir los subsidios que ahora se pagan a cerca de 46 millones de personas.

A largo plazo el Gobierno también se propone reformar el sistema de seguridad social. En Brasil no hay una edad mínima de jubilación y, según cálculos oficiales, el gasto con pensiones puede duplicarse y llegar al 24% del PIB en el 2040 si no se acomete una reforma.

Teniendo en cuenta el pago de los intereses, el déficit fiscal escala al 9,73 % del PIB en los últimos 12 meses y la deuda pública se sitúa en el 38,9 % del PIB, según los datos oficiales más recientes.

Investigados

La lista de 23 ministros del nuevo Gabinete, publicada en el Diario Oficial de la Unión, incluye tres políticos contra los que ya existen investigaciones en la corte suprema por su supuesta participación en los desvíos en la petrolera estatal y otros seis que han sido citados por los delatores del escándalo.

* Henrique Alves es investigado por los intercambios de mensajes que mantuvo con ejecutivos de la constructora OAS, empresa que admitió desviar recursos de Petrobras. La Policía Federal ya realizó registros en sus propiedades.

* Geddel Vieira Lima es acusado de favorecer a la OAS ante organismos públicos y de recibir donaciones electorales ilegales de empresas investigadas.

* Romero Jucá es investigado por asociación para delinquir y recepción de sobornos por presuntas irregularidades en una licitación para la construcción de la planta nuclear de Angra 3.

En el Gabinete hay otros seis ministros que han sido citados por los delatores que colaboran con la investigación a cambio de reducciones en sus condenas.

Alves y Vieira Lima, con sus nombramientos, vuelven a beneficiarse del fuero privilegiado, del que ya gozaban debido a que también integraron el Gabinete de Dilma Rousseff.

Sistema enfermo: Mujica

El senador y expresidente uruguayo José Mujica considera que el sistema político brasileño "está francamente enfermo" y que la decisión del Parlamento del gigante suramericano tiene "tufo de golpe de Estado" por muy "legal" que sea la decisión de proceder con el juicio político a Dilma Rousseff.

El exmandatario opinó que la mejor decisión hubiese sido convocar elecciones generales en Brasil debido al "descrédito general" de la política del país y apuntó al nuevo presidente interino, Michel Temer, del que dijo que "está acusado y demandado en la Justicia", aunque también destacó que "el 50% de los parlamentarios (brasileños) están de una forma u otra con cuentas pendientes con la Justicia".