Rousseff quema su último cartucho

EFE | LA PATRIA | BRASILIA

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el pasado mayo, se preparó ayer para la comparecencia de hoy en el Senado en la que se defenderá en persona en un último intento de evitar su inminente destitución.

Esta será la primera vez en la que Rousseff acude al Parlamento desde que comenzó el trámite del juicio político en su contra el pasado diciembre para refutar los cargos de los que se le acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales del 2015.

Esas supuestas irregularidades se refieren a tres decretos que modificaron los presupuestos sin autorización del Congreso y al atraso en depósitos a la banca pública, lo que, según la acusación, equivale a la concesión de créditos al Gobierno, algo que está vedado por la Constitución brasileña.

La acusación considera que esas operaciones suponen un "delito de responsabilidad", que la Constitución contempla como un motivo para la destitución de un jefe de Estado, pero la defensa niega cualquier irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares.

La suerte de la primera presidenta de Brasil está en manos de 81 senadores y si 54 de ellos, dos tercios de la Cámara Alta, votan a favor de su destitución, perderá el cargo, que pasaría a manos del que era su vicepresidente, Michel Temer, y quien ejerce la jefatura del Estado de forma interina desde el 12 de mayo.

En ese caso, Temer se mantendría en el poder hasta el 1 de enero del 2019, cuando le entregaría el cargo al ganador de las elecciones previstas para octubre del 2018, pero si el Senado vota en sentido contrario, Rousseff recuperaría la Presidencia de forma inmediata.

El cambio en la Presidencia supondría además un fuerte viraje político, que ya ha sido palpable en estos meses, puesto que Rousseff defendía un fuerte gasto social y el Gobierno de Temer prepara drásticos cortes presupuestarios, privatizaciones y recortes en derechos laborales para hacer frente a la honda recesión que atraviesa el país.

La mayoría de los 81 senadores ya ha manifestado su convicción de que Rousseff incurrió en las irregularidades que se le imputan y, de hecho, en las dos votaciones anteriores que se realizaron en la Cámara Alta en fases anteriores del proceso, se superaron los dos tercios, con 55 votos en la primera y 59 en la segunda.

La sesión en la que comparecerá Rousseff se prevé larga, comenzará al mediodía hora de Colombia con una declaración de la mandataria, que durará media hora y podría alargarse otra media con la venia del presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski, que preside el juicio político como garante constitucional.

Después se iniciará un turno de preguntas, en el que todos los senadores tienen derecho a intervenir por cinco minutos y en el que Rousseff no tiene límite para exponer sus argumentos.

A continuación se celebrará un debate en el que todos los senadores podrán hablar por 10 minutos y en el que la acusación y defensa presentarán sus alegatos finales durante una hora y media, antes de realizar la votación final, que podría tener lugar entre el martes y el miércoles.

Prevenidos

Los senadores contrarios a Rousseff mantuvieron reuniones preparatorias ayer y aseguraron que pretenden hacer preguntas técnicas, restringidas a las maniobras por las que se le acusa, pero avisaron que serán beligerantes si la presidenta les "provoca".

Estos entenderían como una provocación cualquier alusión a que el proceso se trata de un "golpe de Estado", tesis que ha defendido Rousseff de forma insistente, o si saca a relucir el escándalo de corrupción en Petrobras, por el que es investigada buena parte de los senadores y diputados de todo el arco parlamentario.

La mandataria suspendida pretende acudir al Senado acompañada de su padrino político y antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, y arropada por los movimientos sociales que se concentrarán a las puertas de la sede legislativa.

Ayer estos grupos de izquierdas realizaron una concentración en el estacionamiento del pabellón deportivo Nilson Nelson, en el centro de Brasilia, en la que participaron unas 400 personas, cifra muy reducida en comparación a las manifestaciones ocurridas en meses anteriores.

Los manifestantes llevaban pancartas como "Fuera Temer", "el golpe es contra ti" y "no pierdas tus derechos" y además habían colocado otro cartel con la leyenda "no al golpe de Estado" en el Eixo Monumental, la principal avenida de Brasilia.

Se repite la historia

24 años después de despojar de su mandato al entonces presidente Fernando Collor y de condenarle a ocho años de inhabilitación política, el Senado brasileño vuelve a tener en sus manos la suerte de un jefe de Estado, en esta ocasión la de Dilma Rousseff.

El juicio político con fines de destitución, un instrumento presente en las constituciones brasileñas desde 1891 y que permite al Congreso poner fin al mandato de un presidente por los llamados "crímenes de responsabilidad", sólo ha llegado dos veces hasta su fase final: el juicio en el pleno del Senado.

Al igual que Collor, ahora senador y con la incómoda obligación de juzgar a su exaliada, Rousseff afronta el juicio final con su popularidad por los suelos, con el país hundido en una grave recesión, acusaciones de corrupción salpicando a gran parte de sus aliados y prácticamente sin apoyo partidario en el Congreso.

En ambos casos fue determinante la decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayor fuerza electoral del país, de abandonar el barco antes del naufragio.

Hace 24 años fue Itamar Franco, miembro del PMDB, quien asumió la presidencia en el lugar de Collor, y este año fue Michel Temer, también dirigente de la formación mayoritaria, el que tomó el poder en el sitio de Rousseff.