Plan Cóndor culmina con 15 represores condenados

Efe | LA PATRIA | Buenos Aires

El histórico y extenso juicio por el Plan Cóndor culminó este viernes en Argentina con la condena de 15 de los 17 acusados a penas de entre 8 y 25 años de prisión por considerarlos responsables de una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur para reprimir al menos a 106 personas durante los años 70 y 80.

El veredicto se dio a conocer después de 16 años de tramitación del primer proceso en Latinoamérica que investiga los crímenes cometidos de forma coordinada durante las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay contra 106 víctimas, entre las cuales hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 15 paraguayos, 13 bolivianos, 10 argentinos y un ecuatoriano.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de la capital argentina fijó penas de hasta 25 años para 15 de los 17 acusados, todos argentinos salvo un uruguayo, por asociación ilícita.

15 de 22

El proceso arrancó con 22 acusados pero cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud en un juicio en el que, finalmente, fueron absueltos los exdirectores del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant y Juan Avelino Rodríguez.

Para el último dictador argentino, Reynaldo Bignone (1982-1983), de 88 años, establecieron 20 años de prisión por asociación ilícita y privación ilegítima de libertad con abuso de sus funciones como funcionario público hasta en cuatro ocasiones, pena idéntica en duración y fundamentos a la del exdirector de la Escuela de Caballería Rodolfo Emilio Feroglio.

Asimismo, se condenó a 25 años de cárcel al excomandante Santiago Riveros, al exmilitar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas de su país, Manuel Cordero, y al exagente del servicio secreto argentino Miguel Ángel Furci, que también fue inhabilitado de forma perpetua en una pena agravada por mediar violencia y amenazas.

A este último se lo acusaba de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino "Automotores Orletti" que funcionó durante la última dictadura argentina (1976-1983), especialmente contra ciudadanos uruguayos.

Durante la lectura del veredicto no estuvo presente la mayor parte de los condenados, casi todos también inhabilitados para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de la condena, aunque sí acudieron familiares de las víctimas, civiles, y varios representantes de organizaciones de derechos humanos.

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo en declaraciones a los medios que "la perseverancia da frutos", ya que nunca "se bajó los brazos" para hallar justicia por los delitos del Plan Cóndor, aunque lamentó que la muerte de muchos represores evitara que fueran "sentados en el banquillo de los acusados".

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa como querellante en la causa, la gran mayoría de los afectados (90) fueron secuestrados en Argentina, aunque también hubo desapariciones en Paraguay (5), Uruguay (4), Bolivia (4) y Brasil (3).

"Es muy importante sobre todo para saber la verdad, para aprender de los hechos históricos para que no vuelvan a suceder casos como este", dijo el embajador de Argentina en Uruguay, Guillermo Montenegro.

Días previos a la sentencia, unas 6.000 personas marcharon durante la edición 21 de la Marcha del Silencio que reclamaba verdad y justicia por los uruguayos detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985) en el marco del Plan Cóndor.