Piden a la ONU un enviado para la crisis en frontera colombo-venezolana

EFE | LA PATRIA | Caracas 

Un grupo de 60 ONG de Venezuela y Colombia pidieron este miércoles a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que designe a un enviado especial para atender la crisis que se vive en la frontera común por los combates entre militares del país caribeño y disidentes de las Farc.

En un comunicado de la ONG venezolana Control Ciudadano, una de las promotoras de la iniciativa, las organizaciones subrayan su preocupación por los combates que comenzaron en el estado Apure, a consecuencia de los cuales, más de 6.000 personas se han desplazado hasta el vecino departamento colombiano de Arauca.

Asimismo, recuerdan que los dos países "llevan más de cinco años de cierres intermitentes de los pasos fronterizos formales y dos años sin relaciones diplomáticas ni consulares".

Por eso, solicitan a los gobiernos de los dos países que "permitan la actuación de un enviado especial de la ONU para que adelante tareas prioritarias sobre una dinámica que esta afectando de manera grave y acelerada la vida de más de cinco millones de personas asentadas en la frontera común entre ambos países, con un enorme impacto en la seguridad regional".

En la misiva enviada a la ONU, subrayan que los dos países "no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca ocurridos esta semana, como excusa para un escalamiento de tensiones".

"En este momento debe rescatarse la racionalidad y sensatez entre la dirigencia de ambos países, para edificar un mecanismo institucional sólido, de protección a los habitantes de frontera, con apoyo de Naciones Unidas, que permita comenzar a trabajar en la solución de los muy graves problemas de seguridad", reclaman.

Al respecto, detallan que "la ausencia de la institucionalidad" es aprovechada por "grupos armados al margen de la ley", lo que tiene efectos a ambos lados de la frontera.

En su petición, reclaman que el enviado especial de la ONU coordine "los necesarios esfuerzos de seguridad entre Venezuela y Colombia" y establezca "un mecanismo internacional de vigilancia y monitoreo para la protección de los derechos humanos" en la zona fronteriza, entre otros asuntos.

También esperan que promueva y facilite el diálogo entre las autoridades de ambos países "para la reapertura inmediata de todos los pasos fronterizos formales".