Parlamento dice que se cortó el hilo constitucional

EFE | LA PATRIA | CARACAS

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó ayer en una sesión especial un acuerdo en el que declara “la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado” a la Constitución de ese país “cometido por el régimen de Nicolás Maduro” y los poderes Judicial y Electoral.

Los parlamentarios venezolanos acordaron solicitar a la comunidad internacional “la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela”.

También formalizarán una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en contra de los jueces regionales y autoridades del Poder Electoral, a los que catalogaron de “responsables” de la suspensión del proceso de referendo presidencial impulsado para revocar este año al mandatario.

La Cámara pidió iniciar un proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de Venezuela, dado que alegan que hay una investigación sobre “la probable doble nacionalidad” de Maduro y que existen “fundadas razones” para determinar el abandono de las funciones constitucionales de la Presidencia.

Para ello se convocó mañana a una sesión especial en la que pretenden “evaluar y decidir” sobre la materia.

Asimismo, el Parlamento exige a la Fuerza Armada de Venezuela “no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sean contrarios a los principios constitucionales” y convocó a la ciudadanía a “la defensa activa” de la Carta Magna “hasta lograr la restitución del orden constitucional”.

Revuelta

Decenas de partidarios del chavismo irrumpieron en el recinto. Mientras hablaba el primer vicepresidente del Legislativo, el opositor Enrique Márquez, empezaron a ingresar en el salón de sesiones vestidos de rojo, un símbolo del chavismo.

Bajo el grito de “el pueblo unido jamás será vencido” lograron burlar los cuatro puntos de control de la sala, dos de ellos controlados por militares.

Una vez dentro, comenzaron los empujones principalmente entre el personal de seguridad de la Cámara y los simpatizantes del oficialismo.

La irrupción de los grupos chavistas a la Asamblea Nacional fue controlada por los diputados opositores y la Guardia Nacional. Algunas personas sufrieron lesiones.

El pasado jueves, siete tribunales penales regionales, en respuesta a un supuesto fraude en un requisito, suspendieron el proceso de recolección del 1% o de firmas del registro electoral venezolano con que los opositores solicitaron hace varios meses activar el referendo.

Ante esto, el Poder Electoral pospuso el proceso hasta una próxima orden judicial, acto que la oposición califica de “golpe de Estado” y por lo que hicieron un llamado a actividades de calle con las que esperan “restituir el hilo democrático”, que aseguran Maduro violentó al bloquear el camino hacia el plebiscito.

El Parlamento también decidió “proceder de manera inmediata” al reemplazo de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que la oposición acusa de ser aliados del gobierno.

Hace dos meses, la Asamblea Nacional fue declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia y todos sus actos son considerados nulos.

De gira por el Medio Oriente, donde intenta lograr acuerdos para mejorar el precio del petróleo, Maduro hizo desde Arabia Saudita un enlace a través de la televisión oficial en el que dijo estar atento a sus “responsabilidades constitucionales al frente del Estado y del gobierno”.

Opositores

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que arrasó en los comicios legislativos de diciembre pasado y controla el Parlamento por primera vez en 17 años de hegemonía chavista, asegura que la solución a la crisis es la salida del poder de Maduro, que tiene una impopularidad del 76.5% según la firma Datanalisis.

La MUD convocó a una protesta nacional el próximo miércoles. Como parte de la respuesta de la MUD, cientos de mujeres marcharon el pasado sábado por estratégicas vías de Caracas, encabezadas por Lilian Tintori, esposa del opositor Leopoldo López, en prisión desde 2014.

Destacado

Luis Florido, encargado de política exterior de la Asamblea Nacional, anunció que dirigentes de la MUD viajarán a Washington para pedir a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que aplique la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, que prevé sanciones en casos de ruptura del hilo democrático.

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12 países de la OEA, entre ellos Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, México, Chile y Costa Rica, expresaron “preocupación” y exhortaron al gobierno de Nicolás Maduro a encontrar vías de diálogo.

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La suspensión del referendo aumentó aún más la tensión política en el país petrolero, que además enfrenta una profunda crisis económica, con severa escasez de alimentos y medicinas, y una inflación que el FMI calcula en 475% este año.