Yahya Sinwar (izquierda) y Benjamín Netanyahu.

Foto | Tomada de CNN | LA PATRIA

Yahya Sinwar (izquierda) y Benjamín Netanyahu.

LA PATRIA | ESTOCOLMO

Un rumor que llevaba semanas corriendo se confirmó ayer cuando el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó una solicitud de órdenes de arresto contra líderes de ambos bandos en la guerra que opone Israel a la organización palestina Hamás. 

Basándose en pruebas colectadas y analizadas, que incluyen material audiovisual autentificado, imágenes satelitales, observaciones, entrevistas con testigos y victimas, confesiones, la oficina del fiscal determinó que hay motivos razonables de creer que los interesados son criminalmente responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. 

Todo interviene en el contexto de los ataques aterradores perpetrados por Hamás que masacraron a 1.200 personas en Israel el 7 de octubre, la toma de unos 250 rehenes por el grupo y la respuesta desproporcionadamente draconiana del Estado judío en la Franja de Gaza, que ha matado a 35 mil palestinos. 

El nombre más llamativo que aparece en la lista del deshonor no es ningún otro que el del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Está acompañado por el de su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamás: Yahya Sinwar, jefe del grupo en la Franja de Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, comandante en jefe de su brazo militar (las Brigadas al-Qassam), e Ismail Haniyeh, cabeza de su ala política. 

Yahya Sinwar
Mohammed Diab Ibrahim al-Masri
Ismail Haniyeh
Benjamín Netanyahu
Yoav Gallant
Exterminio (CLH*)

Privación de comida a civiles como método de guerra (CG**)

Asesinato (CLH) Causación deliberada de grandes sufrimientos, o atento grave contra la integridad física o la salud, o trato cruel (CG)
Toma de rehenes (CG) Matanza intencional (CG)
Violación y otros actos de violencia sexual
(CLH + CG)
Dirección intencional de ataques contra una población civil (CG)
Tortura (CLH + CG) Exterminio y/o asesinato, notablemente en contexto de muertes causadas por inanición (CLH)
Otros actos inhumanos (CLH) Persecución (CLH)
Trato cruel (CG) Otros actos inhumanos (CLH)
Ultrajes a la dignidad personal (CG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos son los crímenes para los que se solicitan las órdenes de arresto de los cinco sospechosos.

*CLH: crimen de lesa humanidad

**CG: crimen de guerra

Un tribunal para la humanidad

La CPI fue establecida en el 2002 como puesta en aplicación del Estatuto de Roma, adoptado cuatro años antes, que fue el fruto de la voluntad de decenas de países de crear una institución destinada a investigar los cuatro pecados capitales en el derecho internacional —los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión— y castigar a los individuos responsables.

Es el primer y único tribunal internacional permanente habilitado para tales prosecuciones. Es independiente y ejerce jurisdicción en casos de los crímenes mencionados arriba si datan de después del 30 de junio del 2002 y si fueron cometidos por uno de los 124 Estados Partes, si tuvieron lugar en el territorio de uno de estos o de cualquier otro Estado que acepte dicha jurisdicción, o si son referidos a la Corte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La CPI no se debe confundir con la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que también tiene su sede en La Haya (Países Bajos), pero que es un órgano de las Naciones Unidas encargado de fallar sobre litigios entre países. Es ante este tribunal que Sudáfrica había iniciado un proceso en diciembre para que se dictara a Israel de cumplir con las obligaciones inscritas en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 

Continuará…

La solicitud del fiscal todavía debe ser revisada y aprobada por los jueces del pretribunal antes de que las órdenes de arresto entren en vigor. Aunque se dé el aval necesario, no sería sencillo aplicar dichas órdenes, pues la CPI no tiene fuerza coercitiva en sí y depende entonces de la voluntad de autoridades estatales para ejecutar sus decisiones. Mientras alguien se encuentre en un país que no reconoce la jurisdicción del tribunal, no arriesga ser detenido y extraditado a La Haya para ser juzgado.

Ni Israel ni Catar —donde se encuentra Ismail Haniyeh— son Estados Partes de la Corte. Palestina sí lo es desde el 2015, lo que significa que su territorio está sujeto a las disposiciones de la CPI, pero en la práctica la Autoridad Palestina —que es mundialmente considerada como el gobierno palestino legítimo— no controla la Franja de Gaza, donde están escondidos Sinwar y al-Masri, así que no tiene la capacidad de extraerlos de ahí.

Lo que sí supondría una confirmación de las órdenes de arresto sería una limitación considerable de movimiento para los sospechosos, particularmente Netanyahu y Gallant, que no podrían poner pie en muchos países tradicionalmente aliados de Israel, como los de la Unión Europea, dado que todos han ratificado el Estatuto de Roma. Además, pondría en una situación incómoda a los dirigentes occidentales en la continuación de su apoyo militar al Estado judío.

Estados miembros de la Corte Penal Internacional

Mapa | Adaptado de elordenmundial.com | LA PATRIA

Israel abre un frente contra la CPI

Desde que se empezó a creer que Karim Khan podría solicitar órdenes contra miembros del Gobierno israelí, este último ha recurrido a varias tácticas diplomáticas de presión para que no sucediera, notablemente mediante su aliado Estados Unidos —que tampoco es Estado Parte de la Corte Penal Internacional—.

Ayer, el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Israel Katz, afirmó en la rede social X que iba a hablar con sus homólogos “de los principales países del mundo para instarlos a que se opongan a la decisión del fiscal y declaren que, aunque se dicten órdenes de detención, no tienen intención de ejecutarlas contra dirigentes israelíes”.

Asimismo, en un intento más para tratar de mancillar a la Corte, Netanyahu declaró en un video publicado en la misma plataforma que “por esta decisión incendiaria, el señor Khan toma su plaza entre los grandes antisemitas de los tiempos modernos”, incluso comprándolo con los jueces de la Alemania nazi. Vehementes acusaciones de este tipo por el oficialismo del Estado judío no son en absoluto una ocurrencia nueva: repetidamente en su historia, este ha jugado la carta del antisemitismo para distorsionar las críticas contra sus acciones.

El fiscal juró no ceder y seguir haciendo su labor con “plena independencia e imparcialidad”. En el video publicado ayer en el que enunció las incriminaciones, insistió en que “todos los intentos para impedir, intimidar o influenciar impropiamente a los oficiales de la Corte cesen inmediatamente”. Se mostró determinado a evocar el artículo 70 del Estatuto de Roma, si es necesario, que permite procesar a quienes busquen influir ilícitamente en sus procedimientos judiciales.