La purga de golpistas en Turquía toma dimensiones de represalia

EFE | LA PATRIA | ESTAMBUL

La purga de supuestos cómplices en el fallido golpe de Estado del viernes en Turquía alcanzó ayer dimensiones de represalia con la suspensión de 15 mil funcionarios de Educación, la prohibición de viajar al extranjero de los empleados públicos y la retirada de licencia a 24 emisoras.

Esta "lista negra" de funcionarios se suma a los 8 mil 777 empleados del Ministerio del Interior, la mayoría de ellos policías y gendarmes, y a otros 2 mil 500 de otros organismos públicos que fueron el lunes apartados del cargo.

No sólo los trabajadores públicos se han visto afectados por la purga. Unos 21 mil profesores de centros educativos privados han visto cómo se les retiraba ayer su licencia.

El total de trabajadores, públicos o privados, que han sido suspendidos del empleo a consecuencia del golpe llega a 49 mil 337 personas.

Las medidas excepcionales han llegado al punto de prohibir a todos los funcionarios que abandonen el país, a no ser que cuenten con permiso expreso de sus superiores, a ordenar a los trabajadores públicos que interrumpan sus vacaciones y regresen a sus puestos y a pedir la renuncia de todos los decanos de facultades turcas, tanto de las universidades públicas como de las privadas.

Además, el Consejo Supremo de Radio y Televisión de Turquía ha cancelado las licencias a todas las emisoras de radio y televisión que hayan dado respaldo a los conspiradores golpistas, una medida que afecta a 24 medios vinculados con Fethullah Gülen, un predicador islamista exiliado en Estados Unidos, al que el Gobierno responsabiliza de la intentona golpista.

Este influyente predicador, hasta hace apenas tres años estrecho aliado del ahora presidente turco, el también islamista Recep Tayyip Erdogan, es acusado por Ankara de haber orquestado el golpe usando a sus miles de seguidores "infiltrados" en la Administración pública.

Una infiltración que se produjo cuando Erdogan era aún primer ministro (2003 -2014) y los "gülenistas" comenzaron a desplazar, con su anuencia, en los órganos públicos a los funcionarios de la vieja escuela laica, introduciendo en la Administración una visión más islamista.

Desde que la alianza, o matrimonio de conveniencia, entre Erdogan y Gülen se rompiera hace tres años, el Gobierno turco acusa al predicador de dirigir un Estado dentro del Estado y de conspirar para derrocarlo.

Acusado de terrorismo por Ankara y señalado ahora como responsable máximo de la asonada, el Gobierno ha solicitado ayer formalmente a Estados Unidos la detención y extradición de Gülen.