Huelga de transporte paralizó Argentina

EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES

Sindicatos argentinos del transporte paralizaron ayer Argentina con una huelga para exigir menos retenciones fiscales a los trabajadores, a menos de siete meses de los comicios presidenciales para elegir al sucesor de Cristina Fernández.

El paro fue convocado por una alianza de gremios del transporte a los que se sumó la facción opositora de la Central General de Trabajadores (CGT), liderada por Hugo Moyano, exaliado del kirchnerismo y convertido en su más acérrimo adversario, y afectó también a otros sectores, como la banca.

Los gremios exigen modificar el impuesto a las Ganancias, aplicado a los salarios superiores a los 15.000 pesos mensuales (1.700 dólares), un reclamo al que se opone el Gobierno con el argumento de que sólo afecta al 10 % de los trabajadores mejor pagados.

El Aeroparque porteño no operó hoy y todos sus vuelos domésticos y regionales fueron reprogramados, mientras que en el aeropuerto internacional de Ezeiza una veintena corrieron la misma suerte o fueron desviados a Montevideo.

Debido al paro no circularon trenes, autobuses, subterráneos (metros) ni hubo transporte de carga ni recolección de residuos en Buenos Aires y en el resto de ciudades argentinas, como Rosario, Córdoba y Mendoza, entre otras.

Los puertos, los bancos, las gasolineras y los tribunales permanecieron sin actividad, mientras que varios hospitales atendieron solo emergencias y muchas escuelas vieron alterada su rutina por la ausencia de numerosos profesores que no lograron llegar a su puesto de trabajo.

Las calles de Buenos Aires amanecieron semidesiertas porque muchos trabajadores optaron por quedarse en casa ante la falta de transporte público, la escasa disponibilidad de taxis y los cierres de calles realizados por agrupaciones de izquierda en los principales accesos a la ciudad.

Los principales líderes sindicales amenazaron con un nuevo paro de 36 horas en dos semanas si el Ejecutivo de Fernández no atiende a sus demandas.

Destacado

Esta es la cuarta huelga convocada por los sindicatos durante el gobierno de Cristina Fernández. La última fue en agosto, cuando centrales opositoras, con el apoyo de movimientos de izquierda y sectores rurales, organizaron una protesta de 36 horas en rechazo de las políticas del Ejecutivo.