EFE | LA PATRIA | WASHINGTON
El Tribunal Supremo de EE.UU. dejó ayer el problema migratorio que vive el país, con más de 11 millones de indocumentados, en manos del Congreso y del próximo inquilino de la Casa Blanca, pero la polarización a la que asiste la nación mantiene el asunto en un callejón sin salida política.
El más alto tribunal empató ayer a cuatro votos -a falta de un noveno juez por confirmar por el Senado- sobre la constitucionalidad de las medidas migratorias del presidente Barack Obama, por lo que permanecerán bloqueadas por la decisión de una corte inferior.
Así, el dictámen del Supremo no sienta ningún precedente, pero deja inevitablemente a más de 5 millones de personas en el limbo, ya que podrían haber logrado una protección contra la deportación de prosperar las acciones ejecutivas del mandatario.
Al no haber mayoría en su decisión, la reforma del sistema migratorio, que tanto republicanos como demócratas reconocen está obsoleto, vuelve a manos del Congreso y de las medidas que tome el próximo mandatario que salga de las elecciones del 8 de noviembre, la demócrata Hillary Clinton o el republicano Donald Trump.
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