A Dilma le llegó la hora de la verdad

EDUARDO DAVIS

EFE | LA PATRIA | BRASILIA

El Senado brasileño decidirá hoy si la presidenta Dilma Rousseff responderá a un juicio político con miras a su posible destitución, lo cual implicaría su suspensión del cargo durante seis meses y la asunción al poder del vicepresidente Michel Temer.

El proceso, que se ha arrastrado desde diciembre pasado, cuando fue aceptado a trámite en la Cámara de Diputados, llega a uno de sus puntos culminantes con la oposición envalentonada por sondeos entre los senadores que le auguran más que la mayoría necesaria para aprobar lo que en Brasil se conoce como "impeachment".

En un intento postrero por impedir esa votación o la aplicación de su resultado, la oficina jurídica del Estado, que defiende a la presidenta, intentó ayer un último recurso ante la Corte Suprema en el que exige la nulidad del proceso, pese a que casi no existen posibilidades de que prospere.

Según ratificó el presidente del Senado, Renán Calheiros, tras reunirse con los jefes de los grupos de los partidos representados en esa cámara, la sesión comenzará hoy a las 11:00 de la mañana y puede prolongarse hasta la madrugada de mañana.

Cada uno de los 81 senadores tendrá derecho a ejercer la palabra durante 10 minutos, aunque en la oposición hay parlamentarios dispuestos a renunciar a ese tiempo a fin de acelerar el trámite.

Para que el juicio político sea instaurado, los partidarios del "impeachment" precisan una mayoría simple de 41 votos entre los 81 senadores.

Sin embargo, la intención de la oposición es rebañar votos hasta último momento para llegar a 54, equivalentes a la mayoría calificada de dos tercios que, una vez que concluya el juicio, será necesaria para que Rousseff sea finalmente destituida.

En ese último caso, fuentes del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), entre los principales impulsores del proceso contra Rousseff, dijeron que con esos 54 votos se le transmitiría el mensaje de que no hay retorno posible.

Ello responde a que, si Rousseff fuera absuelta una vez que el proceso concluya, recuperará el cargo y desplazará a Temer, que debería regresar a una vicepresidencia que, según coinciden todos los analistas, sería absolutamente insostenible.

Temer, que en las últimas semanas se ha dedicado a consultas para la conformación de su eventual Gobierno, visitó ayer a Calheiros en su residencia y, según fuentes de su entorno, conversaron sobre los procedimientos para que tome posesión de la presidencia.

A diferencia de lo sucedido el pasado 17 de abril, cuando la Cámara de Diputados votó por la continuidad del proceso, hoy no se esperan grandes manifestaciones frente al Parlamento.

De todos modos, en previsión de incidentes, las autoridades han vuelto a instalar una enorme valla que divide en dos los jardines frente al Congreso, a fin de que a un lado se concentre el bloque de apoyo a Rousseff y al otro aquellos que defienden el "impechament".

Se alista Rousseff

Rousseff ya ha aceptado que hoy no tendrá la mayoría simple que evitaría su separación del cargo, por lo que ha empezado a mudar sus pertenencias del Palacio presidencial de Planalto al Palacio de la Alvorada, su residencia oficial.

La mandataria, que sólo estará suspendida del cargo mientras dure el proceso, tendrá derecho a utilizar el Palacio de la Alvorada, que, según fuentes oficiales pretende convertir en el "fortín de la resistencia" a lo que califica de "golpe".

De hecho, para el momento en que sea notificada de la decisión que la separará del cargo, se prevé que Rousseff encabece una marcha con simpatizantes que caminarán con ella a lo largo de cuatro kilómetros entre los palacios de Planalto y la Alvorada.

Si esa marcha se confirma, pasará frente al Palacio de Jaburú, residencia oficial de Temer y separada por un kilómetro de parques del futuro fortín de la resistencia.

Muchos de quienes prometieron estar en esa marcha asistieron ayer al que pudo haber sido el último discurso de Rousseff durante su mandato, en un congreso sobre políticas para la mujer.

"Estoy cansada de los desleales y los traidores, pero no de luchar", afirmó Rousseff, quien reiteró que defenderá su mandato y no renunciará, pues mientras siga "de pie, con la cabeza erguida, quedará claro que han cometido una enorme injusticia".

El plenario del Senado brasileño despojó ayer de su mandato al exjefe del oficialismo en la Cámara alta Delcidio Amaral, el parlamentario que implicó a la presidenta Dilma Rousseff y a su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, en el escándalo de corrupción de la petrolera Petrobras. El parlamentario fue elegido senador en 2011 por el estado de Mato Grosso como representante del oficialista Partido de los Trabajadores.