Decepción por condena de asesino de Samboní

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

María Paulina Riveros, vicefiscal General de la Nación, anunció que la entidad apelará la condena de 51 años de Rafael Uribe Noguera, al considerar que el sentenciado debe pagar una pena superior, por el crimen de Yuliana Samboní.

Riveros indicó que la entidad le solicitará al Tribunal Superior de Bogotá que se imponga una pena de 60 años de prisión, la máxima posible en la justicia colombiana, dado que la Fiscalía calcula que los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y secuestro agravado, deberían resultar con un fallo más alto al entregado ayer por el Juzgado 35 de Conocimiento de Bogotá.

“La decisión de la Fiscalía tiene fundamento en que no se encuentra conforme con el ejercicio de dosificación punitiva realizada (…) De acuerdo con la Ley 1098 de 2006, no proceden rebajas ni beneficios punitivos cuando se trate de delitos contra menores de edad”, señaló Riveros.

Juvencio Samboní, padre de la víctima, también apeló por medio de su defensa la decisión. "Quedo muy decepcionado porque yo, como padre, quería los 60 años de cárcel para ese criminal", dijo luego de la audiencia realizada en el complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, en la que una juez sentenció al condenado a 622 meses de prisión y al pago de una multa de 100 salarios mínimos (unos 73 millones de pesos).

“Yo lo que creo que hace falta es la pena de muerte, pero lastimosamente en este país no se da, y por eso el país está como está”, concluyó.

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo dijo en Cali, que celebra esta decisión, e indicó que la justicia puede funcionar con celeridad, como en este caso, cuando hay intención de las partes.

“Esta es una condena que demuestra que cuando el sistema judicial se empeña en sacar adelante un resultado y poner una sanción ejemplar frente a un delito de esta naturaleza, las cosas pueden funcionar”, aseguró el jefe del ministerio Público.

Rafael Uribe Noguera deberá pagar la totalidad de la pena, la más alta que se haya dictado en el país por un caso de feminicidio, porque la legislación no otorga rebajas por haberse cometido contra una menor de edad. Sin embargo, el máximo castigo que permite la ley en Colombia es de 60 años de cárcel.