Cristina, a puertas de la cárcel

EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES
Un juez ordenó detener a la expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con Irán, de los ciudadanos de ese país acusados del ataque a una mutual judía en 1994, para lo que pidió al Senado que le despoje de los fueros que la protegen.
Según fuentes judiciales, el magistrado federal Claudio Bonadio, que ya encabeza otras causas que afectan a quien fuera jefa de Estado de 2007 a 2015, dictó su procesamiento por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado y pidió su detención al considerar que puede entorpecer la causa.
También ordenó sobre ella un embargo de 50 millones de pesos.
La Cámara Alta, en la que ningún grupo tiene mayoría absoluta y con la corriente ideológica peronista, a la que pertenece Fernández, muy fragmentada, deberá decidir si atiende la solicitud de quitar la inmunidad de arresto a Fernández -que juró su cargo el pasado 29 de noviembre-, para lo que será necesario el sí de dos tercios de los legisladores.
El expediente judicial fue abierto por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman realizó en enero del 2015 contra ella y varios miembros de su Gobierno cuatro días antes de aparecer muerto, con un tiro en la cabeza, en condiciones que aún se investigan en los tribunales, que apuntan a que el procurador fue asesinado.
Nisman aseguraba que un pacto suscrito entre Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado a la mutual AMIA, que dejó 85 muertos y sigue impune, buscaba realmente encubrir a los imputados como sospechosos del ataque, entre ellos el expresidente iraní Alí Akbar Rafsanjani y el excanciller Alí Akbar Velayatí, para favorecer el intercambio comercial bilateral.
Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa fue reabierta en 2016 y posteriormente unificada con otra por presunta traición a la patria, también con el polémico acuerdo en el centro de atención, y dirigida por Bonadio.
Aquel pacto bilateral nunca fue ratificado por Irán y, en Argentina, aunque fue aprobado en el Congreso, fue declarado después inconstitucional.

Se defendió
La expresidenta se definió como víctima de una “persecución” y definió como un “exceso” y una violación del Estado de derecho que un juez la procesara con prisión preventiva.
En su opinión, esta medida “no solo viola el Estado de derecho”, sino que buscan provocar “daño personal y político a los opositores, a sus trayectorias y a sus ideas”.
 

El atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que la comunidad judía atribuye a Irán y al grupo chií Hizbulá, fue el segundo contra judíos de Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la embajada israelí, también sin esclarecer.