Eduardo Davis
Efe | LA PATRIA | Brasilia
La crisis política brasileña entró en fase decisiva. El Supremo emplazó a la Fiscalía a decidir antes del martes si denuncia por corrupción al jefe de Estado, Michel Temer, quien enfrenta la amenaza de ser suspendido del poder.
Para medios políticos y jurídicos se considera casi segura.
Temer es investigado por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, y al menos en el primero de los casos la Policía Federal informó que encontró "serios indicios" que comprometen al gobernante.
Las sospechas de que Temer participó "con vigor" en asuntos de corrupción se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, entre los mayores productores y exportadores de carnes del mundo, que en un acuerdo de cooperación judicial detallaron las irregularidades en las que estaría incurso el presidente.
Entre las pruebas esgrimidas por la Policía Federal hay unos audios grabados por Joesley Batista, dueño de JBS, durante una visita que hizo a Temer en la residencia oficial de la Presidencia la noche del pasado 7 de marzo.
En esas grabaciones, que según Temer fueron "editadas", Batista narra las maniobras ilegales que JBS hacía con autoridades del Gobierno para favorecer a ese grupo y el presidente escucha sin hacer mayores comentarios o hasta consintiendo con lo relatado.
Esos audios los publicó la Justicia, pero de acuerdo a fuentes policiales no son los únicos, existen al menos otros cuatro que pueden ser más comprometedores.
Tras el plazo establecido por el juez Fachin, la suerte de Temer está en manos del fiscal general, Rodrigo Janot, quien en todos los casos de corrupción que ha tramitado hasta ahora nunca ha ido contra la opinión de los investigadores de la Policía Federal.
Si se presenta la denuncia
* La Corte Suprema remite el caso a la Cámara de Diputados.
* Una comisión de diputados tendrá hasta 15 sesiones para analizar el caso y luego por al menos dos tercios de los 513 legisladores que conforman el pleno.
* Temer sería suspendido durante 180 días, plazo que tendría el Supremo para concluir un proceso.
Michel Temer es el jefe de esta desde mayo del 2016, cuando comenzó el juicio político que acabó en agosto con la destitución de Dilma Rousseff.
El empresario Joesley Batista aseguró que la mafia integrada por políticos le exigía permanentemente el pago de sobornos y de donaciones ilegales a campañas electorales a cambio de favores para sus empresas o para no dificultar sus negocios.
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