Crisis en la justicia peruana toca fondo

EFE | LA PATRIA | LIMA
La crisis de corrupción que afronta la Judicatura peruana, plasmada en un escándalo de audios, tocó ayer fondo con las renuncias de los presidentes del Poder Judicial (PJ) y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Duberlí Rodríguez y Orlando Velásquez, presidentes del PJ y del CNM, respectivamente, dimitieron a sus cargos de manera irrevocable, en medio de las denuncias de corrupción que implican a altos miembros de la Judicatura.

La decisión de Rodríguez fue anunciada por el Poder Judicial en un mensaje en Twitter, que fue acompañado por la carta de renuncia, dirigida al juez decano de la Corte Suprema, Francisco Távara.

Posteriormente, Távara confirmó que el pleno de la Corte Suprema aceptó la renuncia de Rodríguez y defendió los fueros del Poder Judicial y la "defensa de la institucionalidad democrática".

Távara solicitó a los medios que pidan "calma a la población", que ayer salió a las calles a protestar, y aseguró que en la Judicatura las "inconductas se investigan y sancionan".

El también magistrado supremo César San Martín, quien presidió la sala que juzgó y sentenció al expresidente Alberto Fujimori, enfatizó que la crisis que enfrenta la Judicatura es un "momento de esperanza y oportunidad para el cambio".

Agregó que han acordado entrar en sesión plenaria permanente "para afrontar los problemas que puedan suscitarse" y que presentarán "propuestas de cambio" durante la próxima semana.

"Ahí van a ver que si hay voluntad de cambio. Esta situación demanda de todos nosotros una afirmación de respeto al orden constitucional y a los valores propios de una sociedad democrática", dijo.

Poco antes, el presidente del CNM, Orlando Velásquez, también anunció en una rueda de prensa su renuncia irrevocable, junto a otros dos miembros de esa institución, seriamente cuestionada por los casos de corrupción.

El magistrado señaló que han decidido dar "un paso al costado" luego de considerar que son un "obstáculo para lo que los moralistas quieren hacer", tras indicar que en una presentación que hicieron ante el Congreso no se aceptaron sus argumentos de defensa.

El escándalo de corrupción se hizo público la pasada semana, con la publicación de una serie de escuchas telefónicas que revelaron una amplia red de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación en las más altas instancias de la judicatura, que incluye a altos magistrados, empresarios y políticos.

Las escuchas le costaron el cargo al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Salvador Heresi, protagonista de un audio, y a cinco jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, entre ellos su presidente, Walter Ríos, que pedía un soborno de al menos 10.000 dólares a cambio de favorecer el nombramiento de un fiscal.

También a los consejeros del CNM Guido Aguila y Julio Gutiérrez, mientras que su compañero Iván Noguera es investigado en el Parlamento.

Otro de los involucrados es el suspendido juez supremo César Hinostroza, quien incluso ofreció absolver al violador de una menor de 11 años y coordinó reuniones con una "Señora K" de la "fuerza número uno", nombre en clave que presumiblemente puede referirse a Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, según comentan medios y políticos locales.

Esta crisis llevó a que el presidente de Perú, Martín Vizcarra, convocara a un pleno extraordinario del Congreso, que hoy decidirá si rechaza la renuncia y destituye a los magistrados.

El Poder Judicial fue declarado en emergencia el miércoles por Rodríguez, mientras que el CNM suspendió al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Adolfo Castillo, investigado por presuntas irregularidades en la inscripción de un partido con miras a las elecciones regionales y locales de octubre.

Con casi toda la primera línea de su clase política, entre ellos sus expresidentes vivos, implicada en casos de corrupción, la mayoría por los sobornos y pagos irregulares de Odebrecht, la sociedad peruana confiaba en que la Justicia hiciera su trabajo.