El esquema movilizó por lavado de dinero y sobrefacturación unos 3.850 millones de dólares. Los sobornos eran equivalentes al 3% de cada contrato.
Efe | LA PATRIA | Río de Janeiro
El escándalo que sacude Brasil desde hace varios meses por desvíos millonarios en la petrolera Petrobras, mayor empresa del país, se agravó con el arresto de un exdirector de la estatal y de ejecutivos de nueve importantes empresas nacionales.
El exdirigente de Servicios de Petrobras Renato Duque fue detenido en Río de Janeiro en una nueva fase de la operación de la Policía Federal conocida como "Lava Jato", iniciada en marzo y que ayer movilizó a 300 agentes en seis estados brasileños para cumplir 85 órdenes de captura.
La petrolera estatal está en el centro de las investigaciones de la operación y, según las autoridades, el esquema de corrupción movilizó en términos de lavado de dinero y de sobrefacturación unos 10.000 millones de reales (unos 3.850 millones de dólares).
Denuncia
Durante las investigaciones sobre lavado de dinero, la Policía Federal detuvo hace unos meses al exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa, quien aceptó colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena.
Costa, quien durante años fue uno de los principales ejecutivos de la empresa, denunció un aumento ilegal del precio de varias obras y operaciones de compra de refinerías, además de cobros adicionales en contratos con terceras empresas, con el objetivo de alimentar una red de sobornos a políticos y partidos.
En su declaración, delató a supuestos beneficiarios de la red de corrupción a cambio de una reducción de condena y reveló tener conocimiento de irregularidades practicadas en la Dirección de Servicios de Petrobras en la época en la que Renato Duque tenía el control.
Además de Duque, la operación de ayer tuvo como blanco ejecutivos de las principales empresas acusadas de ofrecer sobornos equivalentes al 3% de cada contrato que, según Costa, eran pagos a directivos de Petrobras.
Entre los detenidos figuran ejecutivos de las constructoras Odebrecht, Mendes Junior, Iesa y UTC.
La Justicia del estado de Paraná, responsable del proceso, ordenó el bloqueo de aproximadamente 720 millones de reales (unos 277,2 millones de dólares) en bienes de propiedad de 36 de los investigados.
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