Corte vincula a Correa en caso de secuestro

EFE | LA PATRIA | QUITO

La Corte Nacional de Justicia (CNJ, Supremo) de Ecuador vinculó ayer al expresidente Rafael Correa a un proceso por el secuestro del que denunció ser víctima el exlegislador Fernando Balda, en 2012 en Colombia, y le ordenó presentarse ante el tribunal cada 15 días, desde el próximo 2 de julio.

La jueza de Garantía Penales de la CNJ, Daniella Camacho, con base en los argumentos de la Fiscalía, declaró la validez procesal del caso y vinculó a Correa, que reside de forma permanente en Bélgica, de donde es oriunda su esposa.

El exmandatario, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, es acusado de "asociación ilícita" y "secuestro" de quien era entonces uno de sus más enconados opositores políticos.

Balda, líder del partido Sociedad Patriótica, denunció su secuestro en 2012, pero fue este año, ya con un nuevo presidente en el país, Lenín Moreno, cuando la Fiscalía inició la investigación reservada y solicitó las primeras versiones del caso.

Según denunció el político, el secuestro se produjo en Colombia la noche del 13 de agosto del 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo.

El auto fue localizado y una persona fue detenida por las autoridades colombianas.

Pese a que la Fiscalía de Ecuador había solicitado como medias cautelares que Correa se presentara periódicamente ante la Embajada en Bélgica, la jueza Camacho decidió, por decisión propia, que dicha acción se realice ante la secretaría de la CNJ en Quito cada 15 días, una decisión que sorprendió a la sala.

Correa deberá presentarse ante el CNJ desde el 2 de julio, lo que, en principio, le exigiría retornar al país desde Bélgica.

Camacho sin embargo no dio paso a la petición del fiscal de colocarle a Correa un dispositivo de rastreo (grillete electrónico).

La audiencia de vinculación de Correa al caso Balda se dio en medio de protestas de decenas de simpatizantes del expresidente en las afueras de la CNJ.

"Seguiremos apoyando la defensa de Rafael Correa, argumentando nacional e internacionalmente, tenemos que recurrir a los gobiernos de la región, a todas las instancias de derechos humanos para evitar que se consume este atropello", se quejo Ricardo Patiño, excanciller y exministro de Defensa bajo el gobierno de Correa.

Al final de la audiencia, manifestantes lanzaron huevos y otros objetos contra periodistas que cubrían esta diligencia, al acusarlos de favorecer los intereses de grupos de derechas opuestos al Gobierno del exmandatario.

La Policía acordonó el lugar para resguardar el orden y evitar desmanes.

En la sesión de ayer, la defensa de Correa apeló al tecnicismo de que el fiscal general ecuatoriano aún no ha tomado oficialmente posesión de su cargo para alegar que estaría incumpliendo con normas procesales, alegato que la jueza desestimó.

El delito denunciado, recordó el fiscal durante la audiencia, se produjo cuando Balda se encontraba en suelo colombiano en 2012 pese a haber sido llamado por otros asuntos por la justicia ecuatoriana.

Agentes de Inteligencia de Ecuador, según la Fiscalía por órdenes superiores que llegaban presuntamente hasta Correa, ordenaron una operación para ubicar a Balda y aprehenderlo de forma ilegal, aunque fue liberado poco después gracias a la acción de las autoridades colombianas.

El Ministerio Público, que no llegó a pedir la prisión preventiva para el exmandatario, presentó indicios como prueba de la supuesta asociación ilegal para capturar al político opositor.

Figuran entre ellas cartas enviadas por agentes de Inteligencia a Correa, así como, según el diario El Comercio, dos depósitos bancarios por 10.000 y 11.280 dólares a favor del exagente de Inteligencia Raul Chicaiza, ahora cooperador eficaz de la Fiscalía.

La instrucción fiscal del caso concluirá el próximo 18 de julio, plazo en el que las partes deberán presentar sus pruebas.

Destacado

Fernando Balda, el político ecuatoriano cuyo secuestro en 2012 podría llevar a prisión a Rafael Correa, de ser declarado culpable, afirmó que el expresidente "sigue siendo un peligro para la sociedad ecuatoriana" y que este debía ser arrestado.