Noticias de Manizales y Caldas,
Abril 19 2024
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Efe | LA PATRIA | San José (Costa Rica)
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó hoy una sentencia en la que encuentra al Estado colombiano responsable de detenciones ilegales y falta de protección de cinco defensoras de los derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas.
"Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín", explicó la CorteIDH, que tiene sede en Costa Rica.
El tribunal, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que el Estado también fue condenado por no adoptar medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos, y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial.
El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida a partir del 2002 por las defensoras de derechos humanos y líderes comunales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como el impacto generado en sus familiares.
En la Comuna 13
Los hechos se desarrollaron en el contexto del conflicto armado interno de Colombia, el cual provocó que en la Comuna 13 se intensificaran los operativos militares y el recrudecimiento de la presencia paramilitar.
Yarce, Mosquera y Naranjo fueron detenidas en el 2002 por ser señaladas como colaboradoras de la guerrilla, sin que se acreditara la causal, y fueron liberadas 9 días después.
La Corte determinó que la detención fue "ilegal y arbitraria y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas".
A pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, "el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce", a quien asesinaron en el 2004, agregaron los jueces interamericanos.
Las otras cuatro defensoras y sus familiares fueron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia para resguardar sus vidas ante el hostigamiento y amenazas de la guerrilla.
La CorteIDH ordenó al Estado colombiano llevar a cabo reparaciones económicas por daños materiales e inmateriales, así como continuar la investigación sobre el desplazamiento forzado de Rúa y sus familiares e implementar un programa, curso o taller dentro de la Comuna 13 de Medellín destinado a promover e instruir sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos.
Ana Teresa Yarce
Fue asesinada en el 2014. De acuerdo con el organismo internacional, a pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar su vida.
La Corte consideró que Colombia no cumplió con su deber de garantizar el derecho a la vida y prevenir actos de violencia contra la mujer.
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