EFE | LA PATRIA | BUENOS AIRES
La condena por dos delitos de corrupción ha sido el último escalón en la caída de Amado Boudou, quien llegó a la cúspide del poder en Argentina como vicepresidente (2011-2015) de Cristina Fernández y ayer tocó fondo al ser el primero en su cargo que pisa la cárcel.
La Justicia argentina lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles de la función pública por la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone.
La sentencia la dictó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 de Buenos Aires que ordenó su detención inmediata y estableció una multa de 3.200 dólares y la "inhabilitación especial perpetua" para cargos públicos.
Durante sus alegatos finales, Boudou aseguró no haber cometido los delitos y denunció ser víctima de una persecución por haber querido "transformar la realidad" del país.
"Los políticos que caminan por el carril que los poderosos deciden caminan sin problemas, los que deciden transformar la realidad son perseguidos inicialmente en forma mediática y después a través de parte del sistema de administración de leyes", alegó el excompañero de fórmula de Fernández (2007-2015).
Horas después de la lectura del veredicto, se dispuso el traslado del exvicepresidente al Complejo Penitenciario de Ezeiza, ubicado en la provincia de Buenos Aires.
La investigación judicial apunta a que Boudou, junto a su socio José María Núñez Carmona, adquirieron la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- cuando el primero era ministro ministro de Economía (2009-2011), con el objetivo de imprimir billetes y documentación oficial.
A mediados del 2010, un juzgado comercial declaró la quiebra de Ciccone por deudas en concepto de impuestos, pero la Justicia levantó la quiebra tres meses después, a solicitud de la propia empresa, tras haber negociado un plan de pagos con el Fisco, y quedó en manos de la sociedad The Old Fund de Alejandro Vandenbroele, supuesto testaferro de Boudou.
De acuerdo con el expediente, Boudou se aprovechó de su cargo y acordó junto a Núñez Carmona con los dueños de la imprenta la cesión del 70% de la firma a cambio de la realización de los actos necesarios para que esta pudiera volver a operar y firmar contratos con la Administración pública.
La Justicia acusó al exvicepresidente de implicarse de forma directa en el trámite de un plan de pagos al Fisco y de intervenir para que se levantara la quiebra de la empresa y obtener así el certificado fiscal para firmar contratos con el Estado.
Durante su veredicto, los magistrados también impusieron una pena de 5 años y medio de cárcel para Núñez Carmona por considerarlo "partícipe necesario" de esos delitos; y una de 4 años y medio para Nicolás Ciccone, exdueño de la empresa, como "autor penalmente responsable" de cohecho activo.
También ordenaron la prisión preventiva para ambos, aunque, en el caso del segundo, bajo la modalidad de domiciliaria.
Amado Boudou está procesado además por, entre otros delitos, presunto enriquecimiento ilícito mediante lavado dinero y por esa causa estuvo dos meses en prisión preventiva a finales del 2017.
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