JULIÁN GARCÍA Y MARTHA LUCÍA GÓMEZ

LA PATRIA | VILLAMARÍA

Algo anda mal entre las fincas La Alquería y Libaná en Villamaría. La primera pertenece a la Gobernación de Caldas, donde proyectan construir el Parque de Las Flores; la segunda es de una sociedad de ingeniería que llegó en febrero de este año, pero esa relación no ha cuadrado por problemas de linderos.

Habitantes del sector contaron que el particular cercó con malla metálica y lona verde en terrenos de La Alquería y puso vigilancia privada las 24 horas, además tumbó árboles.

El particular es el ingeniero civil Jorge Mario Amariles Gómez, exsecretario de Obras Públicas de Manizales y representante legal de la empresa Ingeniería y Construcciones JMA S.A.S. Negó haber tumbado árboles, aseguró que la delimitación la hizo porque no existía y que actuó con licencia de construcción en la modalidad de cerramiento, expedida por la Secretaría de Planeación de Villamaría.

Sin embargo, la Gobernación, a través de la Oficina de Bienes del Departamento, consideró esto como perturbación de la propiedad y acudió a acciones legales para suspender la licencia. Por su lado, Amariles Gómez sostuvo que unos mojones avaluados en unos $20 millones y que había utilizado para delimitar las fincas, los retiraron y se le llevaron empleados de la Gobernación.

No hicieron caso

Según Amariles Gómez, procedió con base en planos catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) Caldas y en las escrituras, datos que verificó en campo Planeación de Villamaría para haberle otorgado la licencia a inicios de junio.

“Como lo he dicho a la Gobernación, que dentro del desorden natural en las entidades públicas no conocían por dónde iban los linderos de los predios. La demarcación que hicimos fue anunciada a la Gobernación, pero no hicieron caso”, agregó.

La Oficina de Bienes del Departamento presentó una querella de policía ante la Inspección de Villamaría, el 10 de julio de este año por ocupación de hecho, y en audiencia del 27 de julio la rechazó por falta de competencia. El inspector delegó a la Alcaldía para que resolviera el conflicto.

El Departamento insistió con una queja por perturbación de la propiedad y además apeló la decisión de la falta de competencia de la Inspección. La Administración les respondió que el proceso debía retornar al inicio, citar a audiencias de nuevo y esperar que el inspector decidiera lo de la perturbación.

Tratan de defender

La abogada Marcela Mazuera, jefe de Bienes de la Gobernación de Caldas, respondió que no estaba autorizada para hablar del tema, y remitió al secretario de Hacienda Departamental, Jaime Alberto Valencia, quien indicó que ayer estuvieron funcionarios del IGAC y peritos haciendo una inspección en campo para verificar los linderos.

Amariles Gómez se refirió a que las escrituras señalan que el predio de la Gobernación es de 16 hectáreas (has.) y el IGAC dice que son 15,7 has., pero que se quieren tomar unos nueve mil metros del predio de la firma. “En el caso mío tenemos exactamente lo que dicen las escrituras: 16,5 has., Si ellos nos quitan el área que creen o que les han dicho, nos restarían casi una hectárea. Les he dejado demostrado que cómo quedarían tomando un terreno de un privado en calidad de usurpación”.

El secretario de Hacienda, por su parte, aseguró que la cosa es muy sencilla. “Como Administración no tratamos de apropiarnos de algo que no nos pertenece; al contrario, tratamos es de defender lo que nos pertenece, ese es el principio. Por eso acudimos a los mecanismos jurídicos y legales”.

Agregó que si se determina legalmente que la franja no es de la Gobernación, lo acatarán, pero que si se establece que es de la propiedad, tendrán que acudir a los procesos requeridos.

“En nuestro conocimiento ese es un predio del Departamento que tiene un número de hectáreas determinadas y sobre esas mediciones actuamos”.

Riesgo

Sobre el retiro de los mojones, el secretario de Hacienda dijo que no podría determinarlo con exactitud, porque el proceso sigue en trámite jurídico, pero Amariles Gómez afirmó que interpuso una denuncia penal porque la Gobernación incurrió en una falta al quitar y llevarse en custodia estas estructuras.

“En un abuso de autoridad y de manera unilateral los retiraron y se los llevaron, siendo un terreno particular. Siempre les he dicho que antes debían agradecer que un vecino juicioso haya determinado los límites de los predios con coordenadas topográficas y con mediciones basadas en cartografía. Imagínese si hubieran puesto un solo ladrillo o una flor de su parque en un predio de un particular”, insistió.

La Alquería está identificada con la matrícula inmobiliaria 100-77799, y es además objeto de una acción popular que interpuso Enrique Arbeláez Mutis apoyada por las ONG ambientales Corporación Transformar, Funsol y la Fundación Mujer, en la que el Tribunal Administrativo de Caldas ordenó revivir el proyecto del Parque de Las Flores.

¿Cuál va a ser el uso de Libaná?, se le preguntó a Amariles Gómez, y dijo que por ahora ninguno. “Es área de una finca que pertenece a una sociedad”.

Proyecto

La primera fase del parque comprende la recuperación de dos inmuebles: la caza azul y la blanca, un invernadero y las zonas de jardines. La segunda fase contempla la adecuación del Museo del Café, un mirador y unos espacios para la Empresa de Aseo Aquamaná y el Departamento.

En el 2019 la Gobernación se comprometió a invertir $300 millones en dotación y construcción y a iniciar las adecuaciones sanitarias, pero este año la covid-19 frenó todo.

Paula Andrea Toro, secretaria de Desarrollo Económico de Caldas, sostuvo que más allá de una acción popular, a la que deben darle cumplimiento, el Departamento tiene el interés en que Caldas cuente con un parque temático. “Vemos en este espacio la gran posibilidad para que Villamaría tenga un atractivo turístico complementario. Hemos venido trabajando este segundo semestre en una alineación con el alcalde de Villamaría, Andrés Aristizábal, y su equipo para plantear la ruta de trabajo”.

Hicimos un compromiso para avanzar en la actualización de estudios y diseños que permitan tener un modelo técnico, financiero y de sostenibilidad claros para el Parque. Sin embargo, antes de contratar estos estudios, quieren tener resuelto el tema jurídico, para que lo que están proyectando en ese terreno pueda ser realidad y que está dentro de los límites de La Alquería.

En otros puntos de Villamaría

No es la primera vez que en Villamaría hay problemas con predios del Estado. En el inmueble Las Granjas, propiedad de Inficaldas, y el lote de Los Sauces hicieron casas de esterilla. Ambos terrenos los desalojaron y recuperaron las autoridades.

A mediados de julio de este año la Oficina de Bienes de Villamaría retornó al municipio 18 predios que estaban en manos de particulares en los barrios Jorge Eliécer Gaitán, La Floresta 2 o Vipa, El Bombazo, Pradera Alta o Los Tanques, Molinos, La Media Torta, Los Sauces, La Floresta, Villa Esperanza, Popular y Nuevo Horizonte.