Los diputados Camilo Gaviria y Mauricio Londoño en el periodo pasado señalaron que Emilio Tapia, reconocido por actos de corrupción que le valieron el remoquete del zar de la contratación, estaría interviniendo en procesos en Caldas, situación que no le gustó al gobernador, Luis Carlos Velaśquez.

Por ello citó a una rueda de prensa y ante medios de comunicación señaló que había denunciado a ambos políticos por injuria y calumnia. La diligencia de conciliación se debía realizar el 30 de octubre, un día después de elecciones, pero Velásquez no apareció.

El abogado Richard Gómez Vargas, apoderado de Gaviria y de Londoño, indicó que el hoy exgobernador no compareció bajo el argumento de que tuvo que asistir a un consejo de seguridad, a causa de los problemas de orden público que se presentaron en Samaná en la disputa por la Alcaldía.

Por eso, los diputados solicitaron el acta, en la que todos los asistentes estampan sus firmas, pero en esta no aparecía la de Velásquez y en el registro fotográfico de la reunión, publicado por la Secretaría de Gobierno, tampoco se ve. Ante esta presunta irregularidad, lo denunciaron por fraude procesal.

A la Gobernación de Caldas se le solicitó informar sobre esta situación y respondió que el mandatario se presentó de manera virtual. Solicitaron que se archivara el caso de injuria y calumnia y tras correr traslado, la Fiscalía recibió otra acta en la que sí aparece la firma.

El abogado añadió que al tener dos documentos de un mismo hecho, se evidencia una alteración en las márgenes del segundo escrito y ahí sí se ve la supuesta asistencia de Luis Carlos Velásquez, por lo que anunció que la próxima semana se interpondrá denuncia por falsedad en documento público.

En enero se tenía planeada la audiencia de conciliación entre Velásquez y los dos exdiputados, pero estos decidieron no asistir, debido a que no les han resuelto la solicitud de preclusión, por la ausencia sin posible justificación del exgobernador a la primera citación.

LA PATRIA intentó comunicarse con Luis Carlos Velásquez por llamadas y también por WhatsApp. Se le explicó a qué se debía el requerimiento, pero no contestó los mensajes.

La preclusión

Un caso por el delito de injuria y calumnia se puede cerrar en caso de que el denunciante no asista sin justificación. Es lo que pelean los dos exdiputados, pues según su abogado no hay motivo de fuerza mayor para haber cancelado, ni documento que lo soporte.