Víctimas, divididas por el plebiscito por la paz

ALEJANDRA BONILLA MORA

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

“La guerra la hemos vivido en carne propia, se ha ensañado en contra de los negros, los indígenas y los campesinos y, sin embargo, el plebiscito va a someter el derecho a la paz, a la vida y a la libertad y a la seguridad en nuestros campos a la tiranía de una mayoría predominantemente urbana que está lejos de sentir y vivir lo que ha sido el horror de la guerra”.

Las palabras son de Odorico Guerra, vocero de la Mesa Nacional de Víctimas, que es el espacio que la Ley de Víctimas creó para la participación de las personas que han sufrido de forma directa los estragos de la guerra y que tiene en total 1.033 mesas: mil nacionales, 32 departamentales y la Mesa Nacional.

Las palabras de este afrodescendiente nacido en Aracataca las escuchó la Corte Constitucional en la audiencia pública que fue citada en medio del estudio de la ley que regula el plebiscito por la paz como mecanismo para que los colombianos refrenden los acuerdos de paz a que lleguen el Gobierno y las Farc en Cuba.

Y sorprendieron, pues fue la única organización social que habló en contra del plebiscito por limitar la participación de las víctimas, ya que otras como el Colectivo de Abogados, Redepaz o la Comisión Colombiana de Juristas, que se han dedicado a defender a las víctimas y a salvaguardar los derechos humanos, señalaron algunos reparos, pero defendieron la consulta ciudadana.

La Mesa Nacional de Víctimas, en cambio, considera que esto puede poner en riesgo el proceso de paz que se está adelantando en Cuba y que en su criterio es un asunto más de voluntad política que finalmente parece llegar a un acuerdo concreto. Así, a su juicio y según expuso Guerra ante la Corte, habría un camino a recorrer claro, sin plebiscito, en el Congreso que implique participación de las víctimas:

1. “Todos y cada uno de los puntos tendrán que convertirse en leyes y actos legislativos en el Congreso, donde sí se deberían abrir amplias audiencias ante de la legalización de dichos acuerdos”.

2. “Dichas leyes tendrán que ser revisadas en su constitucionalidad por esta honorable Corte sea por vía directa o por demandas ciudadanas”.

3. “En los territorios ancestrales indígenas y afrodescendiente toda aplicación de los acuerdos de paz deberá surtirse bajo el derecho a la consulta previa, libre e informada y de implicar una afectación libre e informada, deberá acudirse a nuestro consentimiento”.

Esta propuesta de la consulta previa fue de las pocas que se escuchó en la audiencia de la Corte. La otra, en cabeza de la Procuraduría y la congresista opositora Paloma Valencia, consistió en pedirle a la Corte que cambie el plebiscito por un referéndum que permita a los colombianos votar uno a uno los contenidos del Acuerdo de La Habana. La otra propuesta, de la Procuraduría, es que la divulgación de los acuerdos la haga la Registraduría y no el Gobierno, para que sea imparcial.

La posición de Odorico Guerra está lejos de hacerle eco a su apellido, lo que reflejó es, al contrario, el temor de que todos los esfuerzos de paz queden a un lado y, en ese sentido, dijo que para la Mesa Nacional puede ser democrático someter los acuerdos a votación, pero en realidad no lo es. “Con esto, mañana, derechos como los de la minorías sexuales, de los pueblos indígenas y afros o de las mujeres, también podrán ser colocados a un mecanismo de refrendación.

“Somos las víctimas quienes más tenemos la necesidad de opinar sobre los acuerdos en construcción, pero no después de firmados sino durante su elaboración ya que nos consideramos actores principales del mismo, invisibles para los guerreros, pero que tienen mucho que opinar y que sanar participando en todas los etapas de la superación no armada del conflicto”, precisó.

El riesgo mayor que señaló Guerra sobre el plebiscito es la poca información, la falta de compromiso para la paz, y la poca divulgación de los acuerdos, sin posibilidad de espacios de debate en los territorios lejanos, debate organizado de forma autónoma y sin influjo externo o del Gobierno. Por eso, también solicitó a la Corte recursos para la divulgación de los acuerdos y que esto no quede en manos del Gobierno y de los partidos políticos.

Otras víctimas sí piden refrendación

No obstante, otras organizaciones sociales como la Alianza Cinco Claves o Sisma Mujer sí creen que los acuerdos de paz deben ser refrendados mediante el plebiscito, así sea una iniciativa de Gobierno por ahora. “Esperamos que con la venia de la Corte y del Congreso se convierta en una política de Estado. Creemos que hay que pasar ciertos trámites, hay que hacer partícipes a las instituciones y a la sociedad para que realmente la paz sea una política de Estado como los queremos todos”, dijo ante la Corte Linda María Cabrera Cifuentes, de la Alianza.

En su criterio, este plebiscito debe ser considerado por la Corte como un especial, a fin de que se deje de lado la discusión jurídica existente que señala que los plebiscitos solo pueden someter a consulta del pueblo políticas del gobierno de turno y sobre temas que no impliquen reformas a la Constitución y a la Ley.

Este debate no es menor porque, por ejemplo, para el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo es claro que un plebiscito no es realmente el mecanismo a utilizar. No obstante, en vez de pedir el hundimiento del mismo, lo que pidieron a la Corte fue que cambie la palabra plebiscito por mecanismo especial de refrendación de los acuerdos de paz y así dejar viva la consulta al pueblo. Y es que para el Colectivo de Abogados la política de paz es más que una política de Gobierno, sino del Estado en su conjunto.

Pero para Cinco Claves y Sisma Mujer la consulta si bien necesaria no es suficiente pues deben crearse espacios de participación para las mujeres víctimas de acuerdo con mandatos de las Naciones Unidas, como elemento fundamental para la garantía de la paz y su mantenimiento.

Esto se podría hacer, propuso, si la Corte en su fallo fija mecanismos diferenciales para la participación en la refrendación “y estamos recogiendo con esto lo que nos han dicho las mujeres en las regiones, de las dudas que tienen sobre cómo se está manejando el proceso de paz y en el proceso electoral, de los riesgos y los temores que tienen”.

¿Y la divulgación?

Ese punto, el de la información, es tal vez entre los más importantes y sobre el cual poco se ha debatido ya que la Ley del Plebiscito fija un espacio de cinco minutos en medios de comunicación, tanto oficiales como privados, para emitir una síntesis de los mismos que será elaborada por el Gobierno Nacional.

Cabrera Cifuentes propuso a la Corte, como uno de esos mecanismos diferenciales a favor de las mujeres, que la divulgación de los acuerdos sea incluyente y garantista. ¿Cómo? “El lenguaje incluyente, sensible”, sin discriminación y, a su juicio, de los efectos que la violencia del conflicto en los cuerpos de las mujeres: la violencia sexual.

La vocera abogó por un equilibrio de información sobre las mujeres víctimas y de un proceso que no solo está creando justicia transicional para la guerrilla sino también para los agentes del Estado, los militares, pues ambos han sido sus victimarios.

“La violencia sexual ha sido perpetrada por todos los agentes armados y por tanto, en las directrices que la Corte de sobre la campaña y el mecanismo de votación se debe garantizar el equilibrio de información, dando información veraz y fidedigna sobre lo que ha ocurrido con las mujeres en el conflicto”, precisó Cabrera.

Ahora bien, sobre el tema específico del espacio de cinco minutos para que los medios divulguen los acuerdos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) considera que se necesita una interpretación de la Corte para que se utilice un lenguaje neutral, informativo, sin adjetivos, aunque no precisó si está en desacuerdo con que esa síntesis la haga el Gobierno.

Quien sí está en desacuerdo con eso es la Procuraduría que propuso a la Corte que sea la Registraduría la que haga la difusión. En contra parte, la senadora Valencia estimó que se deben garantizar recursos para la campaña por el NO y por la abstención.

La Universidad de la Sabana también abogó por una divulgación imparcial de la información para que los medios no sean utilizados para hacer una campaña por el SÍ.

Así las cosas, mientras el debate por el plebiscito por la paz ha llevado al ya tradicional choque entre el Gobierno con el Procurador General, Alejandro Ordóñez, y la oposición, quienes reclaman una refrendación diferente, punto por punto, de los acuerdos de paz son las víctimas.

Hasta finales de junio tiene el magistrado Luis Ernesto Vargas Silva para presentar ante sus compañeros de la Corte Constitucional su ponencia sobre el plebiscito por la paz. Una vez presentada la ponencia, la Sala Plena tiene 30 días hábiles para fallar el asunto.