Solucionar el hacinamiento carcelario cuesta $4 billones

Arcadio González Ardila

Colprensa | LA PATRIA | Bogotá

Si el Estado colombiano quisiera solucionar de raíz el problema del hacinamiento carcelario, que hoy supera el 53% en todo el país, tendría que disponer de cuatro billones de pesos, es decir el recaudo mal contado de dos reformas tributarias.

Se trata de una problemática tan “inveterada”, como dice el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez (ver entrevista), que las soluciones parciales que están en marcha apenas solucionarán el 30% del hacinamiento en el país, con una inversión que supera el billón 200 mil millones de pesos.

En todos los establecimientos carcelarios colombianos sumados hay en este momento casi 130 mil internos, cuando los cupos apenas llegan a 65 mil, es decir el faltante es de más de 60 mil.

Obviamente, hay cárceles con niveles de hacinamiento más que críticos: Riohacha con 474%; Santa Marta 353%, o Magangué con 320%, por mencionar solo algunas.

Es claro, también, que el Gobierno Nacional ha venido trabajando en diversas estrategias para tratar de superar la situación. Una fue la reforma al Código Penitenciario y Carcelario (Ley 1709 de 2013) que ha permitido la excarcelación de unos cuatro mil internos, aunque la idea es llegar a 10 mil.

Otra es la adecuación de algunas prisiones y la construcción de más pabellones en cárceles ya existentes. “Entre el año pasado y este esperamos adecuar entre cinco mil y seis mil cupos para que los internos vivan en condiciones más dignas.

A mediano plazo, hicimos un convenio con el Ejército para desarrollar diez proyectos de los cuales ya hay dos en construcción: Guaduas y Tierralta (Córdoba); ahí tendremos más o menos 1.500 cupos adicionales. Esos dos proyectos nos cuestan alrededor de 45 mil millones de pesos”, explica Harold Linares, director de Infraestructura de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

El funcionario agrega que cárceles nuevas propiamente dichas son cuatro, que aportarían unos 7500 cupos: Pereira, Fundación (Magdalena), Riohacha, y Valledupar.

Sin embargo, Linares, al igual que otros expertos, considera que el problema de la crisis carcelaria no se resuelve solo con más infraestructura.

Política criminal

Esta semana, los 51 sindicatos del Inpec iniciaron la ‘Operación reglamento’ en todo el país para no recibir más internos en aquellos establecimientos donde se supere el 20% de hacinamiento (ver entrevista con Alejandro Álvarez). Solo en las Unidades de reacción Inmediata (URI) de Bogotá el hacinamiento supera el 230%

Esta parálisis afectó más de 400 audiencias públicas y amenazó con la excarcelación de cientos de presos por vencimiento de términos.

Pero, ¿por qué se llegó a esta situación? Las explicaciones son varias. El ministro Gómez Méndez tiene su propia lectura (ver entrevista), mientras que el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, tiene su propia interpretación.

“Este problema es consecuencia de una política criminal incoherente, coyuntural y reactiva, que con mucha frecuencia incrementa las conductas delictivas con privación de la libertad, aumenta las penas de prisión, abusa de la privación de la libertad como medidas de aseguramiento por parte de los operadores de la justicia penal, restringe la posibilidad de acceso a los subrogados penales y beneficios administrativos, entre otros efectos”.

Las fuentes consultadas coinciden en que el hacinamiento afecta los derechos humanos de la población reclusa porque atenta contra su dignidad, estimula la corrupción y violencia, obstaculiza el proceso de reinserción social y resocialización y disminuyen las oportunidades de trabajo, educación y recreación.

Eso sin contar con que “la sobrepoblación carcelaria dificulta la capacidad de control y la gobernabilidad por parte de las autoridades carcelarias y la obligación del Estado de garantizar la vida e integridad física de las personas privadas de la libertad”, al decir de la Defensoría.

Otálora Gómez y sus funcionarios han visitado en los últimos 20 meses 36 centros penitenciarios y carcelarios en todo el país, ha pedido el inicio de investigaciones por diferentes irregularices y vía tutela ha conseguido mejorar las condiciones de vida en varios de estos lugares.

Y aunque el Defensor reconoce que la Ley 1709 ha ayudado “en algo”, “en lo que respecta a los procesados o imputados, en lugar de disminuir se ha venido registrando un incremento debido a la proliferación de medidas de aseguramiento”.

Es decir –concluye Otálora Gómez- “que, sin lugar a dudas, se requiere una reforma estructural del Código Penal y de Procedimiento Penal que se armonice con el nuevo Código Penitenciario y Carcelario”.

Colprensa intentó contactar al director del Inpec, general Saúl Torres Mojica para conocer sus puntos de vista, pero no fue posible.

“El Estado sabe lo que tiene que hacer: legislar”
Alejandro Álvarez, Secretario General de la Federación Penitenciaria

- ¿Cuál fue el motivo de la ‘Operación Reglamento’?

La ‘Operación Reglamento’ consistía en apegarnos a la Ley 1709 en su artículo 92 sobre hacinamiento que autoriza máximo hasta el 20 por ciento. Muchas cárceles tienen niveles demasiado altos: Riohacha del 400 %; La Picota, 80 %, y así en todas las cárceles. Lo que quisimos fue evidenciar ante el país el estado deplorable en que se encuentra el sistema penitenciario. También queremos hacer ver que el presupuesto del Inpec se lo llevaron para la Uspc –Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios-. Los vehículos, material de intendencia, chalecos, radios, etcétera ya están deteriorados y el Inpec no dispone de recursos.

- ¿Qué planteó el Gobierno sobre el hacinamiento carcelario?

El Gobierno hizo la reforma al Código Penitenciario y Carcelario para deshacinar las cárceles. El Estado sabe lo que tiene que hacer y tiene que legislar, porque la política penitenciaria en este país no puede ser solamente cárceles: hay que buscar que los individuos que cometan faltas le retribuyan a la sociedad con trabajo, con estudio, con labores sociales, en fin. Con otros mecanismos que no sean solamente meter gente a la cárcel. Todos esos internos demandan salud, alimentación, seguridad, y los recursos no alcanzan.

- Pero ustedes también hicieron unas peticiones salariales…

Hicimos varias. Tenemos una jornada laboral superior a la de ley, un pie de fuerza insuficiente, prestaciones salariales por debajo de las establecidas, el régimen pensional nos lo quitó el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, cuando la labor penitenciaria es catalogada como la de mayor peligrosidad en el mundo. Estamos reclamando esa pensión, garantías prestacionales, nivelación salarial, mejoras en salud ocupacional, etc.

- ¿En qué consistió el acuerdo al que llegaron esta semana con el Gobierno?

El pilar de nuestros reclamos es una convocatoria que va a dejar sin empleo a 2.000 trabajadores administrativos que tienen la experiencia y el manejo, es una convocatoria desde todo punto irregular. Reclamamos la derogatoria de la convocatoria 250, tenemos el compromiso del ministro de Justicia que se va a revaluar.

“Es un problema inveterado”
Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia

- ¿Cómo fue el acuerdo con los sindicatos del Inpec?

Me reuní varias horas con ellos el jueves y llegamos a un acuerdo sobre los tres puntos que les preocupa: la convocatoria 250, que hubo hace año y medio y en la que 2300 personas no pasaron esos exámenes y tendrían que salir del Inpec. El segundo punto fue el de la planta de personal, sobre el cual el Gobierno está de acuerdo, porque la planta de personal hay que ampliarla por cuenta del aumento de internos. Le doy un dato: cuando me retiré de la Fiscalía en 2001 había 50 mil detenidos, hoy tenemos 150 mil, incluidos los de detención domiciliaria. Con el Ministerio de Hacienda vamos a hacer los estudios técnicos para ampliar esa planta de personal. El tercer punto es la nivelación salarial. Todo eso vamos a estudiarlo con el Ministerio de Hacienda.

- ¿El nuevo Código Penitenciario ha ayudado a descongestionar las cárceles?

El hacinamiento carcelario no es un problema que se inventó este gobierno, es un problema inveterado que tiene múltiples causas. Una, que durante muchos años los distintos Gobiernos no construyeron las cárceles adecuadas. Hay cárceles del Siglo XIX y algunas casonas del Siglo XX que se habilitaban como cárceles. Segundo, la política criminal del Estado: esta sociedad tomó la decisión de que todas las sanciones sociales se resuelven con cárcel. Además el Congreso expide normas como la de Seguridad Ciudadana aumentó considerablemente la población carcelaria sin haber adecuado la estructura carcelaria del país.

- ¿Frente a esa problemática qué está haciendo el Gobierno?

Estamos trabajando en varios frentes. A corto plazo expedimos el Código Penitenciario que a términos de hoy ha significado entre cuatro mil y cinco mil personas excarceladas, se ha reducido en 5% el hacinamiento. Hemos invertido en la creación o recuperación de cupos al interior de las cárceles que ya existen. Tenemos un plan con los Ingenieros Militares para adecuar algunas cárceles. Ya hablamos con el Ministerio de Hacienda para hacer tres mega cárceles por regiones: Fundación, Riohacha y Pereira. A largo plazo estamos pensando en las asociaciones público privadas y con el Consejo de Política Criminal para que todo proyecto que suponga aumento de penas o creación de delitos pase por ese Consejo de Política Criminal para evitar esos bandazos.

- ¿Se ha pensado en un proyecto para reformar la política criminal del Estado?

No, el Consejo de Política Criminal lo estamos convocando permanentemente. Lo que queremos es que actúe, pero por ahora no estamos pensando en una reforma legal.