Colprensa | LA PATRIA | Bogotá
Si no se convierte en un ‘dogma de fe’ el escándalo que generaron las polémicas declaraciones de María Luisa Piraquive de Moreno, pastora de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, por fin el Gobierno Nacional tendría una oportunidad para meter en cintura a las más de cinco mil congregaciones religiosas reconocidas en el país.
Aunque se trata de un asunto de vieja data, el tema sale a la luz pública solo ocasionalmente, en especial cuando trascienden los multimillonarios recursos que manejan estas entidades religiosas. Así sucedió, por ejemplo, hace años cuando se conoció el verdadero poder económico de la controvertida Iglesia Casa sobre la Roca, del polémico ex periodista y pastor evangélico Darío Silva Silva.
Ahora, en medio del escándalo de la familia Piraquive, autoridades como la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tienen a estas iglesias entre ceja y ceja.
En el caso de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de la que nació el partido político Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), la Fiscalía llamó a interrogatorio a sus máximos líderes, la propia María Luisa Piraquive, madre de la senadora Alexandra Moreno Piraquive, y al pastor y senador Carlos Alberto Baena.
Por años la Fiscalía ha investigado posibles conductas punibles, como lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que con ayuda de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda, se rastrean cuentas y bienes en el exterior.
Iglesias cristianas abundan en las distintas regiones del país.
De hecho hace un par de años la DEA y las autoridades argentinas dieron cuenta de posibles nexos de la esa iglesia cristina con grupos ligados al narcotráfico.
La DIAN, mientras tanto, también tiene sus razones para pedir que se investiguen a estas entidades religiosas. Su director, Juan Ricardo Ortega, le dijo a Colprensa que si bien las congregaciones tienen un régimen tributario especial, realizan transacciones sujetas a IVA por un billón de pesos al año, lo que da una muestra de su poder económico.
El problema, según el funcionario, es que “no hay información” de los recursos de esas instituciones religiosas, para hacerles seguimiento (ver entrevista).
A su turno, Natalia Gutiérrez Jaramillo, viceministra del Interior para la Participación e Igualdad de Derechos -entidad encargada de dar la personería jurídica a las congregaciones religiosas-, admite que “es poco” lo que el Gobierno puede hacer para controlarlas, porque “eso iría contra la libertad de cultos prevista en la Constitución”.
Bajo ese derecho fundamental su despacho tiene registradas 5071 entidades religiosas y cada mes recibe 89 solicitudes de creación de iglesias cristianas (ver entrevista).
Por eso expertos son de la opinión de que falta expedir un estatuto regulatorio para determinar condiciones con las que se pueda ejercer como pastor evangélico, con requisitos mínimos como ser teólogo de profesión.
En medio de la polémica por la discriminación a las personas discapacitadas para predicar el evangelio, surge una pregunta cuya respuesta parecería obvia: ¿Qué hace tan estrecho el vínculo entre fe y política? Expertos consultados lo definen en una sola palabra: “poder”.
Hernán Olano, director de Humanidades de la Universidad de la Sabana y experto en Derecho Canónico, dice que esa combinación “no es conveniente”, pero que forma parte de la “ambición natural de toda persona por tener más y más poder”.
A su turno, el sociólogo y antropólogo Fabián Sanabria sostiene que, al menos en Colombia, la ausencia de controles estatales hace que proliferen las “iglesias de garaje”, que ven en la fe “el más fascinante de los negocios” y que además sirve de trampolín para otras actividades, en particular la política.
“Las ansias de poder hacen que un pastor carismático no solo quiera aumentar el religioso, sino el económico, a través del diezmo y las donaciones, manipulando las necesidades espirituales de la gente, que ve en la fe una salida inmediata a sus propias carencias”.
En ese sentido, el pastor Édgar Castaño, presidente de la Confederación Evangélica de Colombia (Cedecol), que agrupa a unas 200 iglesias, instituciones religiosas y asociaciones de pastores, defiende esa combinación de fe y política: “Es una manera de ampliar el poder, mejor dicho, es otra forma de servicio a la comunidad”, asegura.
Si bien Cedecol -que según Castaño representa a ocho millones de creyentes en Colombia- por estatutos no participa en política, sí defiende la proliferación de congregaciones, porque “en el país hay mucha necesidad de la palabra de Dios”.
‘Bocatto di Cardinale’
La comunidad cristiana de Colombia ha sido, sin excepción, un apetecido escenario para cualquier candidato que busca cautivar votos. Y eso lo saben sus jerarquías espirituales.
A los púlpitos han subido, y no propiamente a predicar la palabra divina, desde candidatos a ediles hasta aspirantes a presidentes, pues el poder de las iglesias cristinas habla por sí solo: el Partido Mira tiene 3 congresistas, 22 concejales y decenas de ediles. Hoy es un partido de extracción cristiana con personería jurídica y periódico propio.
Además de ellos, por el Legislativo han pasado figuras de la talla de la pastora Claudia Rodríguez de Castellanos, una de las mayores electoral del país, el hoy cabeza de lista al Senado por La U, Jimmy Chamorro, y hasta la ex Fiscal General Viviane Morales, todos ligados a congregaciones cristianas.
Tengo registradas 1850. Ellas son responsables de recaudar IVA en el momento en que comercialicen cualquier tipo de bien, por ejemplo venta de libros, alquiler de instalaciones, etc. De resto no. Estas iglesias realizan transacciones sujetas a IVA por un billón de pesos netos al año.
No son responsables de Renta ni del CREE, pero sí son responsable del IVA por conceptos comerciales. Las iglesias no tributan nada.
No creo que predicar la fe sea una actividad de renta, pero el problema es que en Colombia manejar grandes flujos de caja y comprar finca raíz son negocios que le fascinan al narcotráfico y eso se presta para todo tipo de cosas. Entonces, uno debería tener información de los recursos que estas instituciones utilizan, para poder controlar cuando haya movimientos anómalos.
Si los miembros de una iglesia empiezan a tener expresiones materiales de riqueza, lujo, opulencia, pues yo dudaría de que sea una iglesia.
El problema no es del sistema tributario, es de por qué permiten que eso se llame iglesia, el problema es del control de quienes dan las licencias para ejercer la labor y tener los privilegios de ser iglesias.
Me cuesta trabajo intelectual aceptar que personas cuestionadas y que llevan una vida de escándalos sean aceptadas como fundadoras de iglesias, pero es un tema del Ministerio del Interior. La pregunta es: ¿por qué el Ministerio considera que son iglesias?
El Ministerio del Interior tiene unas funciones delimitadas por una ley y unos decretos, que consisten en registrar estas organizaciones. Sin embargo, el Ministerio no tiene como función la revisión y el control de estas organizaciones, porque eso iría contra la libertad de cultos prevista en la Constitución.
Tienen que cumplir con todas sus obligaciones en materia religiosa, normas urbanísticas, normas policivas: respetar el espacio público, cumplir con los temas de vecindad y de convivencia.
En este momento tenemos 5071 entidades religiosas registradas. En el último año se recibieron 1077 solicitudes, es decir 89 solicitudes por mes. Es un número bastante alto, pero no podemos hacer nada, porque se trata de un derecho constitucional: la libertad de cultos.
Los documentos que se exigen son: acta de constitución de la entidad, estatutos y reglamento interno, constancias de designación de sus lugares de culto y filiales, personería jurídica conforme al derecho privado, si la tiene, y estado de relación de miembros de la entidad.
Una solicitud se rechaza si hay experimentación con fenómenos psíquicos o parasíquicos, o si hay relación con brujos, espiritistas, magos, etcétera, según la Ley 133 de 1994.
Por las declaraciones de la señora María Luisa Piraquive no podemos abrir ningún tipo de investigación, porque eso no es delito. Ni siquiera hemos recibido la primera queja contra ninguna de las iglesias que tenemos registradas.
Estamos de acuerdo, pero es que tiene que haber una denuncia argumentando violación de un derecho fundamental. En lo penal, como Gobierno no podemos hacer nada, eso le correspondería a la Fiscalía General.
Claramente ese régimen hay que revisarlo. La polémica que se abrió nos da pie para hacer estas revisiones, pero como existe hoy, estuvimos revisando y no hemos recibido ninguna queja contra ninguna de esas iglesias.
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