Los estragos de la otra 'Operación Fénix'

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Hablar de la Operación Fénix, para la mayoría, es hablar de la muerte de uno de los más importantes cabecillas de las Farc, Luis Édgar Devia Silva, alias ‘Raúl Reyes’, que ocurrió el 2 de marzo de 2008 en territorio ecuatoriano.

Lo que pocos conocen es que tres años antes, el 21 de febrero de 2005, una operación militar en la que intervinieron efectivos de tres batallones y que llevó ese mismo nombre, terminó con la vida de ocho personas, entre ellas cuatro menores de edad: Beyanira, de 15 años; Deiner, de 11; Natalia, de 6, y Santiago, de escasos 21 meses.

Cuatro días después de la masacre (25 de febrero) se realizaron las exhumaciones de cinco cadáveres, algunos descuartizados. Dos días más tarde, el 27 de ese mes, se hizo otra exhumación encontrándose los tres cuerpos restantes. Todos estaban en avanzado estado de descomposición, algunos con reducción esquelética por necrofagia de roedores y ave de carroña.

Sancionados

Siete años después, la Procuraduría General de la Nación decidió sancionar con inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos a cuatro de los uniformados que participaron en los hechos, ocurridos en las veredas La Resbalosa y Mulatos, ambas en jurisdicción del municipio de Apartadó, Antioquia.

El uniformado de mayor rango cobijado con la sanción impartida por el procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Rafael José Durán Mantilla, es Guillermo Gordillo Sánchez, entonces capitán y comandante de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez.

Lo mismo sucede con los subtenientes Alejandro Jaramillo Giraldo y Jorge Humberto Milanés Vega, el primero orgánico de la Compañía Bolívar del Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez; y el segundo, de la Compañía Anzoátegui, del mismo Batallón. A ellos se suma el capitán Óscar Gerardo Omaña García, comandante de la Compañía Alacrán del Batallón de contraguerrillas No. 33 Cacique Lutaima.

En la misma decisión judicial fueron absueltos de toda responsabilidad cinco militares: el teniente coronel Orlando Espinosa Beltrán; los sargentos Henry Agudelo Cuasmayán Ortega y Ángel María Padilla y los cabos Sabarían Cruz Reina y Ricardo Bastidas Candia.

Las razones

La piedra angular y sustento principal de la decisión que adoptó el Ministerio Público fueron las declaraciones de cuatro paramilitares que narraron con detalles la manera como el 21 de febrero de 2005 llegaron a las veredas La Resbalosa y Mulatos, en San José de Apartadó (Antioquia), previo acuerdo con los uniformados, varios integrantes de los bloques ‘Bananero’ y ‘Héroes de Tolová’ de las Auc, en compañía de militares del Batallón de Infantería No. 47 Francisco de Paula Vélez, del de contraguerrillas No. 33 Cacique Lutaima, y del Ingenieros No. 17 Bejarano Muñoz.

La decisión de realizar el operativo conjuntamente entre uniformados y paramilitares se tomó para cumplir la Orden de Operaciones No. 002 ‘Fenix’, que emitió el Comando de la Brigada 17 del Ejército Nacional y cuyo propósito era confrontar el accionar de los frentes 5 y 58 de las Farc, lo mismo que de la ‘Compañía Móvil Mario Vélez’ de ese mismo grupo insurgente.

Según Jorge Luis Salgado David, alias ‘Kiko’, ex integrante del ‘Héroes de Tolová’, él fue el encargado de coordinar con los comandantes ‘Carepalo’, ‘Fudra-6’ y ‘Cuatro-Cuatro’ la manera como las Auc se moverían desde el sitio conocido como el Congo hasta el Cerro Castañeda, con miras a desarrollar un operativo en la Resbalosa: “Llegamos a una casa donde había seis guerrilleros”, señaló el paramilitar, y agregó que “se produjo un enfrentamiento en el que ‘Cobra’ degolló a una pequeña”.

Alias ‘Pirulo’, cuyo nombre de pila es José Joel Vargas, también del ‘Héroes de Tolová’, describió los sitios de reunión de las Auc con efectivos de la Fuerza Pública, con quienes se coordinó el desplazamiento.

De oídas

Sobre los asesinatos, el exparamilitar narró el momento en que detuvieron a un adulto, un adolescente y un menor de edad, quienes, tras preguntarles por los supuestos guerrilleros, fueron degollados.

Luego, -dice- “se presume que los del Batallón Vélez lanzaron una granada. En el lugar encontraron a un guerrillero agonizando y a una señora muerta”.

Al parecer se refiere a Sandra Milena Muñoz, cuyo cuerpo fue desmembrado. La causa inicial del deceso está relacionada, según los reportes de Medicina Legal, con la explosión de una granada de mortero. En direcciones similares apuntan los testimonios de Adriano José Cano, alias ‘Melaza’, y Samuel Agudelo.

Cada una de estas muertes fue inicialmente atribuida por los militares a miembros de la subversión. Sus declaraciones fueron primero sustentadas en los testimonios de 11 guerrilleros que manifestaron que todo lo que dijeron fue de oídas. “Ninguno de los mencionados testigos presenció la ocurrencia de los hechos, siendo sus testimonios de oídas”, precisa ahora el fallo de la Procuraduría.

Al respecto, muchas son las versiones que se tienen acerca de que el jefe paramilitar Éver Veloza, alias 'HH', pagó para acusar a las Farc de la masacre de San José de Apartadó.

Todo esto, añade la decisión, “contrasta abiertamente con los testimonios de miembros de las autodefensas y de los propios militares que rindieron versión libre en este plenario, los cuales dejan sin piso alguno las afirmaciones de los desmovilizados (guerrilla) que fueron llamados a declarar con el único propósito de tratar de desvirtuar la participación de los miembros del Ejército Nacional”.

Tal como se menciona, la presión en su contra hizo que varios de los militares reconocieran su responsabilidad en los hechos.

La Procuraduría

Al sustentar su decisión el Ministerio Público señaló que “la orden de operaciones ciertamente enmarca las directrices que deben acatar los uniformados en cumplimiento de su misión constitucional, pero de ningún modo constituye una carta abierta para la arbitrariedad y la ilegalidad, como ocurrió en este caso”.

Según el fallo de primera instancia (rad. 155-118150-2005) de la Procuraduría, “la orden de operaciones ‘Fénix’ culminó con una grave infracción al derecho internacional humanitario, como muestra fehaciente del desbordamiento de la función constitucional asignada a la Fuerza Pública en el marco del conflicto armado que vive el Estado colombiano”.

Agrega la determinación: “La conducta ejecutada por los servidores públicos Guillermo Gordillo, Alejandro Jaramillo, Jorge Humberto Milanés y Óscar Gerardo Omaña, al permitir que el grupo ilegal de autodefensas perpetrara la masacre de las veredas La Resbalosa y Mulatos, omitió el deber estatal de proteger en sus derechos a los ciudadanos que resultaron víctimas”.

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El dato

El capitán (r) del Ejército Guillermo Gordillo Sánchez fue condenado a 20 años de prisión por su participación en la masacre de San José de Apartadó (Antioquia).

El ex oficial se había acogido a sentencia anticipada en octubre de 2008 y fue condenado por el Juzgado Primero Especializado de Antioquia.

Los delitos que le fueron imputados fueron homicidio en persona protegida, actos de barbarie y concierto para delinquir.