DIEGO FERNANDO HIDALGO
LA PATRIA | MANIZALES
La profesora vive entre amenazas. Siendo una niña soportó la muerte de su padre a manos de la guerrilla en el oriente de Caldas. Años más tarde, cuando ya era licenciada en teología, salió desplazada de Antioquia, pero pudo regresar a su tierra y reiniciar su vida. Sin embargo, una petición del Ejército para que sirviera de informante, llevó a que las Farc la tuvieran de nuevo en la mira. Hoy, después de lograr su traslado, está en zona rural de otro municipio del departamento, pero se siente insegura, pues esta región fue sitio de operación de las Auc.
"Una vez me tocó trabajar hasta las 8:00 de la noche y casi me enloquezco por tener que coger carretera a esa hora. A veces me voy en yip, otras en moto, en bicicleta o prefiero caminar". La educadora vive desde el año pasado una situación similar a la de otros 30 de sus compañeros que, según Educadores Unidos de Caldas (Educal), están amenazados en el departamento. Este año se han registrado cinco casos (ver recuadro Los casos).
La que es su nueva ubicación desde hace nueve meses no le da tranquilidad. Todo porque una líder del municipio le dijo que un hombre, que todos los días se para en una esquina del parque, es reinsertado de las Auc y lleva información a las cárceles de Manizales y Medellín.
"Temo que crean que porque vengo del oriente tengo alguna relación con la guerrilla". Las autoridades le nombraron un padrino (policía), que en ocasiones la acompaña o le da vuelta en su casa.
Ella trata de pasar inadvertida y adaptarse a esa nueva vida. No se mete con nadie, prefiere no salir y busca que sus hijos de 13 y 15 años se entretengan en la casa. Por eso les compró computador y juegos.
Sin embargo, la situación se le sale de la manos. No se explica cómo se regó la bola de que llegó al municipio con estatus de amenaza.
Sentada en una cafetería de la población, esperando la salida del yip hacia la vereda donde labora, no puede contener las lágrimas al contar que al niño de 13 años le preguntaron en el colegio: "cierto que a su mamá la cuida un policía".
Más tristeza mostró cuando el otro hijo le preguntó si era cierto lo que le dijeron en la institución: "su mamá marca calavera (puso su mano en el cuello)".
La docente se volvió desconfiada. Solo entra a dos cafeterías del pueblo y al principio la regañaban en la escuela donde labora porque al salir no se despedía. "Es mejor no dar papaya. Estoy en la encrucijada con todos los actores armados. Reconozco que he sido una persona muy crítica y por eso la familia de mi esposo no me quiere".
Ella tiene dos hijos más, ya adultos, que laboran y estudian en la ciudad. Ellos, junto a su esposo que se quedó trabajando en el oriente y a quien no ve desde enero, son su apoyo.
"A veces me dan ganas de dejar todo tirado y marcharme. Pero me pueden más las ganas de asegurar el futuro de mi familia. Es que no sé en qué lugar de Caldas me sienta segura".
En la escuela, ubicada a 15 minutos en carro de la cabecera municipal, la aprecian. Los niños que llegan muy temprano a clase, en una mañana fría y nublada, la saludan efusivamente, la abrazan y la tienen como una defensora de sus derechos, pues más de una vez ha sacado la cara por ellos. Aplica su tradicional técnica de clase, en la que les explica y luego les proyecta un video sobre el tema discutido. Se aparta un rato de sus labores, se sienta en un salón vacío y cuenta su historia.
"Soy muy activa, pero acá no he podido. En el oriente era defensora de derechos, veedora de salud. Me le medía a todo", recordó.
Corría el año 1981. La docente tenía 13 años cuando su papá fue amenazado por la guerrilla. En una vereda del oriente fue secuestrado y obligado a ayudarles a los insurgentes. Un día dijo ¡no más! y se marchó a Manizales con la familia.
Pasó el tiempo, regresaron a esa zona y su papá fue asesinado en la puerta de la casa. De paso la amenazaron junto a su hermano y su madre. Les dijeron que no contaran nada. La vida debía seguir. Estuvo en Manizales y luego en Medellín, de donde salió desplazada porque un hombre, sin saber por qué, la andaba buscando.
"Pedí traslado y de una me lo dieron. Me fui a vivir de nuevo al oriente caldense porque quería trabajar en un corregimiento. Conocí a mi esposo, tuvimos dos hijos, pero el conflicto se agudizó. Una vez, por la vereda, vi bajar a tres guerrilleros encapuchados que se encontraron en una esquina con alguien conocido del pueblo. Me volteé y luego me dijeron: "profesora". Corrí a la casa de una vecina y me puse a llorar. Ese día mataron a dos hombres, pero al parecer iban por cuatro".
Su hija, a la que le cuenta todo, le sugirió que rezaran. Otras personas le pidieron que se marchara del pueblo. Empezó los trámites para el traslado, por política según ella, y lo logró. Pasado el tiempo tuvo que regresar, pero respiraba tranquila porque el expresidente Uribe había "limpiado la zona".
"Terminé en otra vereda y el rector le dijo a la guerrilla que yo les tenía miedo. Había uno al que le decían 'El Zarco' o 'Peligro', habló conmigo, me preguntó que si le temía y le respondí: 'a los seres humanos no, a las pistolas, sí'. Me manifestó que no me iba a pasar nada, porque sabía que nos tocaba irnos para donde nos mandaran".
Su vida siguió normal, construyó su casa, se casó, pero las cosas se volvieron a complicar, según ella, con la aparición del Ejército en su vivienda.
"Un cabo y un teniente, que según averigüé ya no están en el Batallón Ayacucho, llegaron a mi casa y me dijeron que ellos manejaban unos cuadernos donde decía que yo era desplazada. Se valieron de eso para meterme en el problema que ahora tengo. Al otro día fue el cabo, pero con un soldado y al tercer día acudió solo, con unas hojas en la mano y me explicó que necesitaba que perteneciera a la red de informantes, que porque yo manejaba buena información".
Pasaron tres días y en las mañanas siempre había un soldado esperándola en el recorrido, que le hacía señas y le pedía los documentos. Decidió entregarle una hojas para que no la molestaran más. Le contó lo sucedido a Educal y le sugirieron que denunciara a esos militares.
"Fui a Derechos Humanos y a la Defensoría del Pueblo, que calificó lo mío como muy delicado; al Ministerio del Interior, donde me manifestaron que no denunciara al Ejército, porque me perseguirían por todo el país. Tengo nombres de los que me atendieron".
La docente toma un respiro y deja escapar algunas lágrimas. Recordó que el año pasado llegó un hombre a su casa y le dijo: "profesora, hay una lista de la guerrilla y usted aparece en ella. Es mejor que se vaya lejos". Decidió ir al pueblo y consultar con el corregidor, quien al otro día le confirmó el dato. "Ahí mismo pensé en el Ejército, ¿quién más pudo ser? Jamás me llamaron a decirme nada y jamás he dado información. Policía y Fiscalía investigaron mi caso, la misma subintendente Patricia Olaya declaró riesgo extraordinario y le sugirió a Educación mandarme para un lugar donde tuviese cerca a la Policía"·
Ella asegura que en la dependencia departamental le respondieron: 'maestra, se va para donde la mandamos o le toca devolverse para esa zona del oriente de Caldas'.
Termina su relato en medio de más llanto: "no tengo vida. Voy de lado a lado. A mi papá lo hizo matar un propio amigo. Tengo compañeras a las que les da miedo sentarse a mi lado. ¿Por qué debo escapar si no le debo nada a nadie?
2012 (van 5)
Rubio Ariel Osorio González, Vicepresidente de Educal y Coordinador de Derechos Humanos, indicó que este año no se ha reunido el Comité de Docentes Amenazados para darles solución a los casos del 2012. La última vez fue en diciembre del 2011.
"Siempre dicen en Educación que no hay vacantes. Pero si son recomendados por políticos, sí los trasladan. Un docente de Rancho Largo (Samaná) solicitó el traslado el 24 de noviembre de 2011 para Risaralda, Anserma o Villamaría, pero le dijeron que no había plazas. Sin embargo, el pasado 3 de febrero a cinco de sus compañeros los cambiaron y abrieron la convocatoria para otra plaza. Otro profesor, ante la amenaza y la falta de solución, solicitó licencia voluntaria. Son muchos casos", expresó.
El Comité de Amenazados lo integran el Gobernador o su delegado, el Secretario de Educación de Caldas, el jefe de personal de la Gobernación, la Procuraduría y un representante del sindicato de educadores. También se puede invitar al Personero.
La Ministra de Educación, María Fernanda Ocampo, le dijo a LA PATRIA la semana pasada que "en cada una de las entidades territoriales hay un comité en el que participan funcionarios y representantes de Fecode, al que se llevan los casos de los docentes amenazados. Allí se debe hacer la evaluación del nivel del riesgo, verificable y comprobado, y dependiendo de eso se establece el traslado del profesor a otra institución del mismo municipio o departamento".
Tulio Marulanda, secretario de Educación Departamental, expresó que el Comité no se ha reunido este año porque "les hemos dado trámite inmediato a las solicitudes presentadas y verificadas, sin necesidad de reunión, como lo establece la ley".
Negó que las vacantes sean para quienes tienen recomendaciones políticas y le pidió a Educal que le muestre la primera persona, desde el 2 de enero de este año, a la que no le hayan atendido el requerimiento, siempre y cuando Policía y Fiscalía certifiquen la condición de amenazado.
"Hay un caso de una docente que presentó solicitud en 2010, pero no conocíamos ese hecho. Ella tampoco se había acercado. El problema es que algunos dicen que están amenazados, porque andan aburridos en un sitio y quieren que los trasladen. Abusan de esa posibilidad".
"Desde hace mes decidí portar un arma de fuego que me acompaña a todo lado, ante el desinterés de la Secretaría de Educación de Caldas con mi caso", expresa otro docente amenazado.
Para este educador ha sido complicado, pues de manera accidental algunos alumnos la han visto y no es el ejemplo que les quiere dar.
Aseguró que el pasado 7 de marzo fue amenazado de muerte en su hogar y frente a la familia por dos hombres enviados por una mujer, con la cual tuvo una corta relación hace algunos años y que en 2005 intentó hacer algo igual. "No soporta verme casado. Interpuse la denuncia y pedí el traslado para otro municipio. Les envié una carta al Secretario de Educación de Caldas y a la jefe de la Unidad administrativa y financiera de esa dependencia donde los hago responsables de lo que me pueda pasar en esta zona rural. Mi seguridad es incierta y los antecedentes por conflicto armado son serios".
Tulio Marulanda, secretario de Educación Departamental, respondió que le contestaron al día siguiente de radicar la solicitud (13 de marzo) y se le pidió que fundamentara por escrito y con pruebas la amenaza. "Hasta el momento no ha mandado nada".
Sin embargo, en la tarde del viernes, el profesor se comunicó con la LA PATRIA e indicó que el funcionario lo llamó para darle solución a su problema y que mañana puede pasar por la resolución de traslado.
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