LA PATRIA | Manizales
En las dos pantallas de la Asamblea proyectaron durante una hora las cifras en detalle, municipio por municipio, de lo realizado por la Secretaría de Educación de Caldas en cinco meses. Sin embargo, parte del debate del secretario de educación, Fabio Arias, tomó otro rumbo: Reparos a la contratación.
Y el cambio del discurso comenzó con la primera intervención. El diputado liberal Jorge Hernán Aguirre expresó su molestia por la contratación directa, vía convenios de asociación, y las dudas que le generan el proceso contractual ya adjudicado para vigilancia de los colegios.
El secretario de Educación respondió, luego de escuchar por casi dos horas a las diputados, que “todo lo que podamos hacer por asociación, lo vamos a hacer, con su respectivo control, regulación, exigencia e impacto”.
Aguirre aclara que las asociaciones no son ilegales. “Lo que pasa es que el Consejo de Estado, la Corte Suprema y la Procuraduría consideran que la licitación lleva a la sana competencia y evitan la contratación directa o a dedo”. En lo que estuvieron de acuerdo Arias y la mayoría de diputados es que el informe presentado ayer se quedó corto para una Secretaría que tiene a su cargo a alrededor de 5.500 funcionarios. Es más, el secretario ofreció disculpas y prometió ampliarlo.
En el departamento la alimentación escolar la entregan 10 operadores, divididos por subregiones y también por municipios, en contratos firmados por asociación y no por licitación como ocurrió hasta el año pasado.
“Las empresas Famicer y Fundecus ni siquiera tienen el músculo financiero”, expresó el diputado Silvio Arboleda, del liberalismo.
El secretario manifestó que ante esa situación la Gobernación permitió que las empresas con idoneidad en servicios de alimentación se presentaran en uniones temporales. Calificó como exitoso el convenio con el cual la Administración Departamental entrega 57 complementos en desayunos y 35 mil almuerzos.
Añadió que los convenios de asociación son un gana-gana como los que se tienen para formación de profesores en inglés, didácticas y licenciaturas. Eso sí, anunció que la idea con aseo, dotación y conectividad serán por licitación.
Las cosas para el secretario tuvieron una ruta más favorable cuando intervinieron diputados como Juan Sebastián Gómez (la U) y Félix Chica e Ignacio Gómez (conservadores sierristas), es decir de la bancada gobiernista y los dos últimos del mismo partido del que es cuota el secretario de Educación.
Gómez, por ejemplo, recordó que la Ley 80 es clara en permitir convenios de asociación. Destacó que el contrato de vigilancia sea por tres años y medio, lo que lleva a economías de escala. “Todo lo que se pueda ahorrar y pasar a calidad está bien, pues en esto los indicadores son preocupantes. El departamento está rajado en calidad”.
Los liberales Aguirre y Arboleda solicitaron explicaciones sobre el seguimiento al contrato de bilingüismo, la supuesta rebaja en recursos para vigilancia, respuesta a las demandas contra la Secretaría de Educación, aportes para transporte escolar, entre otros.
El secretario aseguró que la Oficina de Calidad les hace seguimiento a los impactos del programa de segunda lengua en profesores y estudiantes. Que los recursos para vigilancia no se recortaron, que fue el presupuesto en general por menor matrículas, y que se están respondiendo las demandas.
Varios diputados, sobre todo los gobiernistas, felicitaron al secretario por los programas, como el de las bicicletas para alumnos, y en general por su labor al viabilizar líos del pasado y encontrarles soluciones. “$20 mil millones gestionados en tan poco tiempo, eso no se había visto”, le resaltaron.
El contrato de vigilancia, por $26 mil millones, entregado a la Unión Temporal Caldas S.A. 2016, todavía tiene inquietos a diputados. Jorge Hernán Aguirre, liberal, dice que las dudas se generan por ambivalencias durante la licitación.
“Control Interno, la Procuraduría, Planeación Departamental, el Comité Evaluador y el mismo gobernador advirtieron a los ordenadores del gasto, para estos casos los secretarios de Educación y General, sobre los líos durante el proceso”.
Fabio Arias, secretario de Educación, reiteró que la licitación se hizo con base en la ley. Recordó, de manera cronológica, su desarrollo hasta indicar porque los dos secretarios se apartaron del concepto del Comité Evaluador, que incluyó tres firmas por propuesta económica.
“Para nosotros dos firmas superaron la propuesta económica. Seguridad Superior no quedó porque ofrecía 212 días y lo que nosotros pedíamos era servicio de vigilancia por 212, eso significa que presentaron una propuesta artificial baja”.
Arias explica que se basaron en la Superintendencia de Vigilancia. “En total, incluidas las uniones temporales, se presentaron 18 empresas, una demostración de democratización del proceso. Es más al final se adjudicó por balota, muestra de la transparencia hasta el final”.
La adjudicación tiene solicitud de revocatoria y una tutela admitida por un juzgado, ambos recursos interpuestos por Seguridad Superior.
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