Educar para sostener la paz

Andrés Rodelo y Óscar Veiman Mejía

LA PATRIA | Manizales

Cuando se firme el acuerdo de paz con las Farc, el Gobierno planea dar educación a los reinsertados de esta guerrilla que lo soliciten, así como lo ha hecho con los de otros grupos armados ilegales (ver infografía: Las 7 estrategias del Gobierno). El objetivo: “contribuir a la formación del proyecto de vida de estas personas, porque aporta a la construcción de paz, al trabajo de convivencia, al diálogo, a la inserción al mundo laboral, al fomento del género y de la equidad”, dijo a LA PATRIA el Ministerio de Educación.

La educación construye una paz duradera, pues es el medio para que los desmovilizados no retomen la ilegalidad. Lo dijo Arturo Charria, asesor de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, quien aclara: “El riesgo grande es que delincan otra vez. Si la opción educativa no los convence de que es un proyecto de vida sólido y real a largo plazo, probablemente serán vulnerables a otros grupos armados ilegales que quieran reclutarlos”.

Fuentes del Ejército Nacional calculan que la cifra actual de guerrilleros es cerca de 22.000, de los cuales 17.000 serían de las Farc. Según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entre el 2002 y el 9 de mayo del 2016 se han desmovilizado 57.923 ilegales, la mayoría de las autodefensas. En ese período de 14 años y cinco meses, 589 dejaron las armas en Caldas, de los cuales 94 son mujeres y 433, hombres. 315 eran de las Auc, 33 del Eln y 177 de las Farc (ver infografía: Desmovilizados).

De esos 589, 527 ingresaron a los procesos de reintegración en educación (ver tablero: Nivel educativo de excombatientes de Caldas).

Gobierno y guerrilla acordaron el pasado 22 de junio el cese el fuego bilateral y definitivo, lo que significa que el acuerdo de paz con este grupo insurgente está cada vez más cerca. Como las partes aún están negociando, el Ministerio confiesa que no tiene estadísticas de las necesidades educativas de los excombatientes. “No se cuenta con información que logre identificar las desigualdades en términos educativos. Esto se determinará durante el posacuerdo”. No obstante, llegado ese momento: ¿el sistema educativo colombiano tiene lo necesario para atender a quienes decidan estudiar de esos cerca de 17.000 miembros que tiene las Farc en el país? Tres expertos hablaron de los desafíos.

Ubicación y nivelación

Antes que nada, Charria explicó que el meollo del asunto no es cuantitativo, sino cualitativo. “El sistema no colapsará al incorporarlos. Un megacolegio de Bogotá tiene una capacidad de 2.000 alumnos, es decir, cinco megacolegios serían suficientes para acoger a 10.000 exguerrilleros”. Con la mirada puesta en la calidad, recomendó ubicarlos en instituciones acordes con sus niveles académicos, pues el universo de los desmovilizados es muy amplio: desde personas analfabetas, pasando por bachilleres hasta los que tienen una formación superior.

Sobre los que no saben leer ni escribir, procesos anteriores con desvinculados arrojaron que “el 75% de las personas son analfabetas funcionales”, como lo indicó el director general de ACR, Joshua Mitrotti. Charria afirmó que es crucial cómo los ubiquen. “Hay colegios muy fuertes académicamente, varios de ellos bilingües. Si un reinsertado no se acopla a la intensidad del estudio y le empiezas a hablar en otro idioma, sería llevarlo a un contexto en el que se autoexcluirá, incluso si la comunidad no lo está excluyendo. La política pública debe caracterizar a esta población y mirar en dónde articularla dentro del sector educativo según sus necesidades”.

Gustavo Alvira, asesor de Paz y Posconflicto de la Fundación Compartir, que promueve programas de interés público en educación, señaló que el modelo de enseñanza acelerada puede ser una herramienta para nivelarlos. “Son espacios al margen de la escuela ordinaria, en donde se enseñan conocimientos y competencias para llenar los vacíos. Este programa es costoso, pues atiende las necesidades específicas de cada estudiante. A largo plazo, el objetivo es que los excombatientes se reintegren a la escuela ordinaria para que continúen con su ciclo escolar”.

Discriminación

“La sociedad colombiana deberá absorber a los guerrilleros de las Farc que dejen las armas en caso de firmarse un acuerdo”, expresó el jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de la Calle. Llevando este anhelo a las aulas de clase hay que preguntarse qué tanta tolerancia tienen los padres de familia, profesores y alumnos frente a la idea de que los reinsertados estudien y si debería ocultarse o no que son exguerrilleros.

Charria indicó que, eventualmente, los demás estudiantes conocerán el pasado de los desvinculados. “Puede que no quieran estudiar con ellos, lo que podría ocasionar rechazo y violencia física. Si pasa algo malo en la institución es probable que miren al desmovilizado con sospecha. El reto está en generar espacios sin estigmas”.

Para él, aquí entra, nuevamente, el asunto de la ubicación, aunque ya no desde un punto de vista académico, sino de convivencia. Contó que hizo una investigación sobre cómo el conflicto armado tocó a las familias de 40 alumnos de grados décimo y undécimo de un colegio prestante de Bogotá. “Cerca del 90% de la violencia era ejercida por la guerrilla: los familiares de los jóvenes fueron extorsionados, secuestrados o les habían expropiado tierras. La muestra del estudio es representativa, pues la población del colegio es muy homogénea. Habría que preguntarse qué tan conveniente sería tener reinsertados allí. La idea no creo que guste mucho a padres y a estudiantes”, aseguró.

Una segunda parte del diagnóstico lo hizo en un colegio popular. “Ahí la caracterización de la violencia se alteró: aparecían otras modalidades, otros actores. Por esa razón, el Gobierno debe ser cuidadoso en ubicar a estas personas”.

En cambio, Alvira es partidario de que los alumnos no conozcan el pasado de los desmovilizados. “Prevendría el riesgo psicosocial de los estudiantes, así como la exclusión y el matoneo. Para cambiar esto, la paz debe enseñarse de forma transversal, en aras de convertirla en un estilo de vida para que las competencias se inculquen en todas las materias y se cambie el imaginario sobre los niños afectados por el conflicto”.

“Hacer un proceso de reconciliación a la brava puede ser más perjudicial que la guerra misma. Son fundamentales los procesos con padres de familia y docentes. No es un problema de los reinsertados, sino de la comunidad”, dijo Charria.

Eduardo Escallón, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, opinó sobre esto: "Muchos colombianos tienen temor, pero no olviden que los desmovilizados conviven entre nosotros hace rato, debido a procesos de reinserción anteriores. Estamos con ellos en los centros comerciales, en el estadio, en la calle, en la escuela y tienen una vida normal. Lo que pasa es que no sabemos quiénes son. Muchos fueron reclutados a la fuerza, son más víctimas que victimarios. Hay que reconocerlos, perdonarlos y entenderlos".

Sesgos y modelos propios

Alvira afirmó que el colegio debe cumplir un papel crucial a la hora de eliminar los sesgos de los reinsertados y de los otros estudiantes para entender las implicaciones del conflicto. “Cada quien tiene una percepción del origen del problema, de quiénes son los culpables y las víctimas. El discurso no puede ser: la guerrilla son los malos y el Ejército los buenos y viceversa. Hay que enseñarles que los dos bandos cometieron actos que no tenían lugar. Deben promoverse los Derechos Humanos, aclararles que estos crímenes están prohibidos y que deben evitarse en el futuro”.

El asesor de Paz y Posconflicto de la Fundación Compartir también sostuvo que el Gobierno, antes de importar modelos extranjeros exitosos de reconciliación, tiene que fijarse en los que se aplican en las zonas del país. “Docentes colombianos han tratado la resolución pacífica de conflictos en las aulas de clase. Estas iniciativas pueden complementarse con experiencias internacionales, pero la tarea del Estado es visitar los territorios colombianos, hablar con los profesores, entender cómo han tratado el asunto, estudiar las propuestas, sistematizarlas y ponerlas en práctica”.

Aconseja

Eduardo Escallón, decano de la Facultad de Educación de la U. de los Andes, advirtió que la educación para los desmovilizados debe tener en cuenta:

1.“Existen programas de adelantamiento para personas atrasadas, pero el Gobierno debe mejorarlos, pues varios de estos jóvenes tienen problemas de aprendizaje. No existe un sistema que los atienda de manera efectiva”.

2. “El Gobierno tiene que dar herramientas a los profesores para que rediseñen sus procesos pedagógicos. Esto no se logra poniéndolos a dictar más horas de clase y entregándoles materiales. Hay que establecer condiciones que mejoren la educación. Eso cuesta, pero el Estado debe aprender que es preferible el costo de la paz, que de la guerra”.

El contexto

1. Los programas para atender a personas reintegradas a la vida civil empezaron luego de que dejaron las armas los grupos guerrilleros M-19, Epl, Quintín Lame, el Partido revolucionario de los trabajadores y la Corriente de renovación socialista.

2. Estas desmovilizaciones ocurrieron en el periodo 1986-1994, durante los gobiernos de los presidentes Virgilio Barco y César Gaviria (liberales).

3. Se calcula que por lo menos cinco mil combatientes, entre hombres y mujeres, volvieron a la vida civil.