Óscar Veiman Mejía
LA PATRIA | Manizales
Cristian Fernando Escobar es estudiante, y Édgar Mosquera, rector. Ambos del colegio Nuestra Señora del Rosario, de Neira, al que le construirán una escuela de $3.440 millones luego de la demolición de la Abraham Montoya. "Debemos velar porque se cumpla la obra", dice el alumno. "Tenemos que cuidarla para que dure mucho tiempo", añade el directivo.
La Gobernación de Caldas empezó hace 15 días a recorrer los municipios en donde se invertirán alrededor de 80 mil millones en infraestructura. En ellos hizo presencia para sembrar árboles como acto simbólico de inicio de trabajos.
La idea es que a la par con los proyectos funcionen veedurías por requisito oficial y por iniciativas ciudadanas. Lo anterior para exigir y vigilar que los recursos destinados den como resultado obras completas en los tiempos fijados.
Hay que recordar que según la Ley 1712 del 2014, la información generada por las entidades del Estado no podrá ser reservada o limitada. Por el contrario, es de carácter público.
En ese sentido, la Gobernación tiene en su página web (www.gobernaciondecaldas.gov.co) un enlace denominado transparencia. Allí encontrará varios canales de atención en el que las personas pueden consultar información, hacer peticiones, felicitaciones y reclamos.
Diana Carolina Zuluaga es socióloga contratista de la Secretaría de Planeación de la Administración Departamental. El miércoles pasado participó en la socialización del control social de proyectos de educación, creación de veedurías para programas como el de infraestructura, Ondas, alimentación escolar y becas de maestría para profesores.
Explica: "La idea con la estrategia de Obras Visibles, lanzada en mayo pasado, es generar un despliegue de convocatorias para conformación de veedurías, tanto para inversión como regalías".
Reiteró que los ciudadanos pueden de manera independiente conformar sus veedurías en torno a un proyecto. Esto luego de reunirse, hacer un acta y solicitar apoyo a la personería del municipio.
Adolfo Bustos, secretario de Educación de Villamaría, destaca que en su localidad se invertirán alrededor de $14 mil millones en dos proyectos. "Se están haciendo convocatorias abiertas para que la comunidad, de manera organizada, participe en las veedurías. Es muy importante vigilar que los recursos se inviertan para lo que fueron destinadas".
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Que no pase lo mismo
Foto | Adolfo Bustos | LA PATRIA
La construcción de la escuela Juan Pablo II en La Dorada se convirtió en un elefante blanco no solo para el municipio sino para el departamento, como consecuencia del desorden en la inversión desde el 2006. Pasaron siete alcaldes y el centro educativo, proyectado para aumentar cobertura y de paso combatir el hacinamiento del colegio Renán Barco, sigue cerrado. El proyecto era para cerca de dos mil estudiantes con inversiones por $3 mil 700 millones, en la primera fase, y otros $4.300 millones en la segunda. Ahora, la Alcaldía licitó obras por $1.700 millones con el fin de ponerla al servicio desde el 2018.
Foto | Julián García | LA PATRIA
La semana pasada la Gobernación empezó, de manera simbólica los trabajos en colegios. En la foto, parte alta del corregimiento de Arauca (Palestina) donde se construirá el nuevo colegio Monseñor Alfonso de los Ríos, que hoy funciona a orillas del Cauca.
Recomendaciones de Veeduría
"Gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Restrepo pertenezco a la Veeduría de la contraloría y transparencia por Antioquia como también a la Veeduría de la Universidad de Antioquia. Hoy nos están invitando a hacer algunas recomendaciones sobre la inversión de cerca de 100 mil millones de pesos al departamento de Caldas en la construcción de instituciones educativas. Desde nuestra experiencia podemos dar las siguientes recomendaciones:
Primero
Apropiación de la comunidad por lo público, ello significa que la que la población cercana donde van a ejecutar la intervención se motive a conocer del ejercicio.
Segundo
Identificación de factores precontractuales y contractuales: ellos son estudios previos, nombre del contratista, nombre del interventor, número del contrato, entidad ordenadora del gasto, ficha físico-financiera del proyecto en cada territorio, nombre de los ingenieros residentes que van a estar a cargo del proceso y los contactos de cada uno, es decir, número de celular y correo electrónico.
Tercero
Trabajo en equipo con acompañamiento de personas especializadas y solicitud de universidades que tengan ese tipo de áreas en sus programas, conformación de una veeduría por cada proyecto, al igual que la red veedurías para el macroproyecto ante la personería del municipio.
Cuarto
Realizar solicitud de información respetuosamente, en la que se parte de inquietudes generales hacia lo específico. Para ello, se debe de tener un plan de trabajo básico o plan de acción en el cual se busca tener claridad sobre qué es lo que se quiere indagar y cuáles son los aspectos que se quieren dar a conocer o brinden información del proyecto. Estos pueden ser: administrativo, financiero, jurídico, laboral e infraestructura, ambiental, entre otros.
El grupo de veeduría entra a evaluar el cumplimiento, según las leyes: 80, 1150, 1474 1712,1755 y 1757 como también normas aplicables a la infraestructura o a la educación. Con ellos se comienza el trabajo, es la primera etapa.
En caso de no recibir las respuestas en el debido tiempo, lo que se realiza son acciones de tutela por la vulneración al debido proceso. Tener conocimiento de estas normas ayudará a quienes deseen hacer control social, podría ser un mecanismo muy poderoso para que se cumplan realmente las exigencias de los contratos y del tema planeado.
Dentro de la comunidad, como se expresaba inicialmente, debe haber una apropiación y un interés colectivo porque lo público sea realmente de todos y no intereses particulares. En ese orden de ideas es un trabajo de mucha consistencia, persistencia y dedicación que se comienza y en el tiempo se van viendo que hay unos frutos positivos.
Por último es exigirle al interventor de acuerdo con la Ley 1757 la rendición de cuentas como lo estipula la Norma.
Recuerden que esos contratos tienen que tener una inversión y un impacto real con la comunidad. Qué significa que deben de vincular personas del territorio a esos procesos Eso es parte del ejercicio y el compromiso que tienen las instituciones oficiales con los territorios. También deben hacerles exigencias a los que se llaman junta administradora local, en la que va a quedar cada institución y que ellos a su vez permitan resoluciones y emitan también evaluaciones es un ejercicio.
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