En el proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo Municipal para los próximos cuatro años el alcalde Octavio Cardona León incluyó cuatro artículos que han despertado una enconada polémica en el Concejo de Manizales, por considerar algunos corporados que de aprobarse se le estaría girando un cheque en blanco al mandatario, para que contrate y haga modificaciones profundas en la administración, sin que tales transformaciones tengan que ser aprobadas por los concejales.
Los artículos 18 al 23 hablan claramente de autorizaciones para celebrar los contratos que se requieran para que el Plan de Desarrollo se cumpla, así como ejecutar una reorganización de la estructura administrativa municipal y cambios en las escalas de remuneraciones y hasta constituir sociedades de economía mixta, entre otros. El mandatario dijo inicialmente que su petición era legal y que todos los alcaldes han pedido facultades similares en ocasiones anteriores, y que por eso esperaba que fueran aprobadas.
Después de una semana larga de controversia, el discurso actual de Cardona es que está dispuesto a llegar a acuerdos con los concejales para que tales facultades no sean exageradas, y que algunas iniciativas tengan que ser aprobadas por ellos antes de que la administración las implemente. Esa es una posición que nos parece más aterrizada, y frente a la cual los corporados también deben actuar con responsabilidad, entendiendo que es fundamental hallar un punto medio en el que no haya excesos de poder, pero tampoco que el mandatario sienta disminuida su gobernabilidad.
Lo que hay que lograr, entonces, es que las facultades para el alcalde sean aprobadas, pero estableciendo algunos topes de contratación. En lo relacionado con la planta de personal y los ajustes que se anuncian, sí es importante que las propuestas de modificación vayan al Concejo, igual que en la escala de remuneraciones, pues no es sano que se le dejen tantas libertades sin pasar por ese filtro. El ideal es encontrar un punto sensato que le dé margen de maniobra al alcalde en una medida razonable.
Ya en ocasiones anteriores y en casos en otras regiones hemos visto que si todos los proyectos tienen que ir a la aprobación del Concejo, no solo se frena la gestión administrativa y se pierde la dinámica del desarrollo, sino que esa situación se presta para que los concejales aprovechen para presionar por cargos en la administración o por contratos para sus amigos, haciendo que cunda la corrupción. Así que no es sano que un mandatario se quede maniatado, a la espera de que el Concejo le permita gobernar.
En las dos semanas que quedan de debate, esperamos que no solo se llegue a un buen acuerdo en lo relativo a estos artículos del proyecto del Plan de Desarrollo, sino que haya un estudio profundo acerca de los puntos clave del proyecto, con el fin de que se asegure el cumplimiento de una gestión que impulse un progreso armónico y constante de la ciudad, tomando en cuenta las obras materiales, sociales y la eficiencia en el uso de los recursos.
De la misma manera, que se fijen metas más ambiciosas, sobre todo en los asuntos de educación, y que se cuente con indicadores claros que puedan ser medidos adecuadamente. No podemos olvidar que estamos ante la carta de navegación de Manizales hasta diciembre del 2019, por lo que ese Plan tiene que prepararnos para ingresar fortalecidos a la siguiente década. No se pueden perder tiempo en discusiones estériles que desvían la atención que debería tenerse sobre lo esencial.
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