El ataque de las Farc en el que murieron 11 soldados y otros 19 quedaron heridos, en el corregimiento de Timba, municipio de Buenos Aires (Cauca), es un enorme retroceso de esa guerrilla en sus supuestas intenciones de paz. Además de significar la peor forma de romper el cese unilateral del fuego, es una bofetada a la decisión que acababa de tomar el Gobierno Nacional de extender la suspensión de los bombardeos a los campamentos de las Farc. Es un hecho repudiable en todos los sentidos, inaceptable.
Ante la evidencia de que los autores de la emboscada fueron miembros de la columna móvil Miller Perdomo de las Farc, el presidente Juan Manuel Santos no tenía más opción que ordenar que los bombardeos contra los campamentos de los subversivos continúen. Es más, frente a las actuales circunstancias lo que hay que hacer es responder con contundencia y perseguir sin pausa a los terroristas, con el objetivo de seguir demostrando que el Estado colombiano está en condiciones de doblegarlos si no están dispuestos a cumplir con los compromisos de la mesa de negociaciones en La Habana (Cuba).
Las Fuerzas Militares, siguiendo el mandato constitucional de garantizar la seguridad para los ciudadanos colombianos, tiene que actuar con suma fortaleza en las actuales circunstancias y evitar que la subversión pretenda seguir dando esta clase de golpes, con los que se resta toda la credibilidad de esa agrupación guerrillera y se pone en riesgo la continuidad de las conversaciones de paz. Los patrullajes deben hacerse más intensos, y estar más atentos frente a posibles emboscadas u otra clase de ataques cobardes.
Si lo que quieren las Farc con estas acciones es tratar de forzar al Gobierno para que se decrete un cese bilateral, se equivocan los guerrilleros, porque esa determinación solo puede adoptarse como resultado de un acuerdo final, en el que se considere que el conflicto quedó atrás, y cuando cada situación sea plenamente verificable. Mientras tanto, las actividades de la fuerza pública tienen que mantenerse persiguiendo a la delincuencia.
La cúpula de las Farc tiene la obligación de dar explicaciones sobre lo sucedido, ofrecer disculpas y asumir un compromiso mayor acerca de que estos hechos no se repitan. No les queda más camino que ese, pues la sociedad colombiana no va a aceptar que mientras expresan supuestas intenciones de paz sigan asesinando soldados y policías, y poniendo en riesgo a la población civil. Da pesar de que después de tan importantes avances en la mesa borren con el codo lo que han hecho con la mano y dejen todo al borde del abismo. Sin embargo, no se puede ceder al chantaje, y si es el caso habrá que tomar medidas más radicales desde el Gobierno para obligarlos a actuar con seriedad.
Si queremos que las negociaciones continúen sin inconvenientes, se tiene que jurar respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario, mostrar resultados concretos en las tareas de desminado, permitir que los menores de edad que están en las filas regresen a sus hogares y avanzar con decisión en los puntos de verdad y reparación para las víctimas. Hay que acelerar el paso de los acuerdos y las Farc tendrán que aceptar sus graves errores. Sin eso, se levanta un velo gris sobre los diálogos y se hace más difícil que se logre el respaldo de los colombianos al proceso.
Ahora bien, en lugar de debilitarlos, lo que hay que hacer es fortalecer los diálogos, con el acompañamiento al Gobierno desde todos los sectores de la sociedad y la política, para que la guerrilla vea con claridad que Colombia está unida en el deseo de paz y que no está dispuesta a tolerar más guerra. Por eso, ningún sector puede aprovechar la coyuntura para buscar réditos políticos de manera irresponsable, menos aún tratar de dividir a las Fuerza Militares. Hay que tratar, por todos los medios, de lograr acuerdos que sean positivos, sustentables y durables en el tiempo, para poner punto final al cruento conflicto.
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