Una minería legal y limpia

La determinación de la Corte Constitucional acerca de que no se podrá, definitivamente, hacer explotación minera en los páramos colombianos, es una muy positiva noticia para las fuentes de agua que nacen en las partes más altas de las montañas y que también deben hacerle frente a los problemas causados por el fenómeno del Niño y el Cambio Climático. Quedaron así congeladas y sin posibilidades de reactivarse 334 actos administrativos que habían entregado títulos mineros a particulares.

Además de ser una decisión amigable con el medio ambiente, también beneficia a las comunidades que en muchos casos fueron desplazadas por estos proyectos, y que ahora podrán regresar. El desafío ahora para esas comunidades y también para el Estado es que todas las actividades que se ejecuten en los páramos tiendan hacia la conservación y protección del recurso hídrico, que en momentos como el actual es valorado de gran manera, pero que en otras ocasiones no ha contado con el debido cuidado. Se calcula que unas 16 mil hectáreas de bosque se afectan cada año por esta actividad en las partes más altas de las cordilleras.

El Gobierno Nacional tiene ahora la obligación de hacer cumplir el fallo del alto tribunal, y entrar a suspender las explotaciones mineras que se vienen ejecutando en esas zonas, y que en muchos casos han resultado en el vertimiento de mercurio y otras sustancias que pueden hacerle daño a la salud de personas y animales que consumen el agua en la parte media y baja de las cuencas. Además, las corporaciones autónomas regionales vuelven a tener la responsabilidad del otorgamiento de licencias, lo que les exige actuar con enorme responsabilidad con el porvenir de sus propias regiones.

Ahora bien, el país no puede renunciar al impulso del desarrollo minero, el cual debe darse siempre en un marco legal que tenga el cuidado medioambiental y el progreso social entre sus prioridades. Y, la mejor manera de garantizar esto es que se les cierre toda posibilidad a los ilegales, no solo en los páramos, sino en cualquier zona del territorio colombiano en que pretendan ejecutar sus proyectos, los cuales además de apropiarse de las riquezas del subsuelo, generan violencia y daños a la naturaleza sin compasión alguna. De hecho, esta semana se conoció un informe de la Defensoría del Pueblo en el que se evidencia el despilfarro de 13 millones de metros cúbicos de agua por estas prácticas ilegales, justo cuando se vive una aguda emergencia a causa del Niño.

Poco se haría si a las empresas legalmente constituidas y cumplidoras de las normas se les impidiera hacer uso de los títulos que se les otorgó y que ahora quedan cancelados, si no hay una acción más decidida en contra de quienes ejercen esa actividad de manera criminal, y que representan infortunadamente el 56% del sector. Otra cosa son los mineros artesanales, quienes deben ser acompañados por el Estado para que se mantengan en la actividad, pero cumpliendo protocolos de seguridad y de buenas prácticas, en general, que vayan en beneficio de ellos mismos y del ambiente.

En Caldas no somos ajenos a estas prácticas ilegales. Por el contrario estamos en la vanguardia de los problemas al lado de Antioquia, Cauca, Chocó, Córdoba y Bolívar. Para tratar de frenar los abusos, en este departamento se vienen desarrollando programas en Riosucio, Filadelfia y Marmato, por ejemplo, a través de los cuales se pretende legalizar todas las actividades mineras, y garantizar así los derechos fundamentales a la salud, al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad pública de los colombianos. Ese es el camino que debe seguirse ahora.