Una justicia maniatada

a justicia colombiana necesita dientes, inclusive para juzgarse a sí misma. Los recientes hechos que involucran a la Corte Constitucional dejan al desnudo los vacíos que sufre nuestro sistema judicial y, en general todo el andamiaje legal para sancionar conductas irregulares cometidas por funcionarios que deben ser ejemplo para la sociedad. Así que no solo hay que depurar los procedimientos para acceder a ciertos cargos, sino que hay que tener un camino despejado para que el Estado pueda actuar para controlar excesos.

Ahora que entra a discusión en el Congreso, a segunda vuelta, el proyecto de acto legislativo del equilibrio de poderes es un imperativo que se den pasos certeros hacia el establecimiento de procedimientos expeditos para juzgar las conductas de quienes haciendo parte de altas dignidades se tuercen del camino y cometen delitos o se ven inmiscuidos en argumentados señalamientos que deben ser examinados y resueltos con prontitud.

Está demostrado que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no ha cumplido con el papel que le dio la Constitución Nacional, y que sus actos no solo están desprestigiados, sino que son objeto de burlas justificadas por su inoperancia. En la nueva reforma se contempla la figura del Tribunal de Aforados, que buscaría implantar esos dientes que tanto se reclaman, para castigar con severidad a quienes teniendo que ser ejemplo social se transforman en eso que la sociedad debe repeler enérgicamente.

No puede aceptarse que un país tenga que resignarse a depender de la buena voluntad de un alto funcionario, señalado de cometer graves faltas, para poder separarlo del cargo que ostenta, aunque sea de manera temporal, mientras se investiga y se logra llegar a la verdad. En esto tiene que ser claro para el país que lo fundamental tiene que ser la defensa de la institucionalidad. De otra manera no podría recuperarse la majestad de la justicia. En el caso del magistrado Jorge Pretelt es absurdo que la justicia no pueda actuar libremente sin su consentimiento.

El presidente Juan Manuel Santos se ha manifestado en disposición de acordar con las altas cortes algunos mecanismos para solucionar problemas puntuales de la Rama Judicial. Eso es bueno, pero también puede no serlo. Por un lado es importante que los magistrados puedan opinar y ayudar a cimentar las normas de autocontrol, pero por el otro es importante avanzar hacia la despolitización de la justicia, y ese diálogo ahora entre las cortes y el jefe del Ejecutivo puede prestarse para avanzar poco en este segundo aspecto. Es el momento de tomar las medidas fuertes que el país necesita, sin dar más largas. El Congreso de la República tiene en sus manos esa ingente responsabilidad.

En este caso podría ser más sano acoger el llamado del Partido Conservador para conformar una Misión de alto nivel que en tres meses entregue unas recomendaciones para hacer los ajustes necesarios a la justicia, con el objetivo de blindarla frente a la corrupción e impunidad que la vienen rodeando. El Estado tiene que asumir la solución a la actual crisis como una prioridad, pues si no lo hace con la energía que se requiere, en el futuro nos veríamos abocados seguramente a nuevos hechos bochornosos.

El país tiene la responsabilidad histórica de recomponer el camino en estos momentos, en diversos aspectos en los que la justicia es materia vital. Ese proyecto de equilibrio de poderes no puede ser un nuevo fiasco, como el anterior intento para reformar la justicia. Se requiere mucha seriedad y determinación para dejar en segundo plano los intereses personales y darle paso a un primer plano a lo que realmente traerá beneficios a la patria.