n junio próximo, de acuerdo con lo previsto por el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Mauricio Perfetti del Corral, se comenzarán a conocer los primeros resultados del Censo Nacional Agropecuario que esa entidad ejecutó desde noviembre del 2013, el cual requirió la contratación de 25 mil censistas en todo el territorio nacional, y que tuvo un costo aproximado a los $350 mil millones.
Ya era justo que se acometiera esta tarea, pues habían pasado 45 años sin tener una radiografía de las realidades del campo colombiano, y por tanto era muy necesario poner la lupa en esas áreas rurales, que se constituyen en despensa vital de los colombianos. Es evidente que gran parte de las causas del conflicto armado colombiano están relacionadas con lo que ha pasado frente a la tenencia y el uso de la tierra desde la misma época de la Independencia, hace dos siglos, y por eso tratar de conocer su realidad actual puede ayudar a construir un mejor futuro para el país.
No obstante, lo más importante de contar con un censo agropecuario actualizado es que tiene que convertirse en una herramienta efectiva para trazar políticas públicas en las que los pequeños y grandes propietarios puedan trabajar en equipo, encadenando procesos en las distintas Unidades Productoras Agropecuarias (UPA), y haciendo que además de garantizar una sobrevivencia digna de los campesinos se logre asegurar una mayor competitividad y la posibilidad de colonizar nuevos espacios para nuestros productos en los mercados internacionales.
Si el sector agropecuario representa hoy solo el 6,34% del Producto Interno Bruto colombiano, cuando en 1990 correspondía al 23,5% de ese indicador, resulta claro que ese retroceso puede deberse al desconocimiento que el país tiene de sus áreas rurales, y las políticas equivocadas que se han implementado, debido a ese desconocimiento. Desde luego que en esto también tiene que ver mucho el conflicto armado interno, que durante las décadas recientes se concentró en el campo, generando toda clase de problemas sociales desde masivos desplazamientos forzados hasta cruentas masacres.
Por eso, ahora, cuando se habla de la posibilidad de construir la paz, saber cómo es nuestro campo y tomar decisiones que lleven a reconstruir sus tejidos y recuperar su productividad resultan fundamentales. Al tener un censo completo y claro se hará posible que el Gobierno Nacional pueda acordar de manera más acertada con los distintos subsectores las estrategias para hacerlos crecer de manera constante, y no que se entreguen ayudas o se asuman compromisos solo regulados por las presiones de los sectores campesinos que salen a protestar y a plantear exigencias.
En el caso de Caldas, el DANE ya nos adelantó que 5.392 predios que antes de realizar el censo se creían rurales están hoy urbanizados, lo que tiene sustanciales incidencias en las economías locales. Salta a la vista que la vocación agropecuaria se ha visto perjudicada, lo cual de mantenerse en ese ritmo podría llevar a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la zona, cuando contamos con todos los recursos para poder no solo cubrir las demandas regionales sino la posibilidad de aumentar en forma sustancial las exportaciones de productos agrícolas y aprovechar al máximo los tratados de libre comercio que se tienen con otras regiones del planeta.
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