Una estampilla que sirve

En el Concejo de Manizales, el rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Londoño, y el vicerrector de la sede Manizales de la U. Nacional, Germán Albeiro Castaño, presentaron un informe acerca de lo que se ha hecho en esos centros educativos con los recursos de la Estampilla Prouniversidad que se les entrega, y que se recauda por medio de la contratación en la Alcaldía Municipal, la Gobernación de Caldas y otras entidades regionales descentralizadas. El balance es positivo, ya que tales recursos han sido invertidos en proyectos que apuntan a mejorar la calidad de la educación.
Se tiene previsto que en 20 años (desde 1998), a través de este mecanismo, sería posible recoger $50 mil millones. Sin embargo, hasta la fecha los ingresos han sido por $37.500 millones, por lo que resulta evidente que no se llegará a la meta. Por eso, los directivos universitarios están pidiendo que haya una prórroga para poder alimentar sus arcas por más tiempo y continuar las inversiones que se han propuesto realizar. Actualmente se recauda el 1% del monto de toda la contratación, lo que ha permitido que cerca de $3.000 millones lleguen cada año para las dos universidades.
Los campos en los que son invertidos estos recursos son, principalmente, mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, compra de equipos y su mantenimiento, dotación de bibliotecas y laboratorios y programas de educación a distancia. Todo esto se expresa, sin duda, en beneficio para la comunidad educativa y calidad en los servicios prestados, avances en los que no puede bajarse la guardia.
Ahora bien, para que esa prórroga sea posible, sería necesario que el Congreso de la República discuta un nuevo proyecto de ley que lo permita. La actual estampilla se basa legalmente en la Ley 426 de 1998. De lo contrario, en el 2018 tendría que acabarse ese cobro. Sería conveniente que esa idea se concrete, ya que en una ciudad educadora como la nuestra no se pueden dejar apagar las fuentes de recursos para ese sector, que resulta estratégico para el futuro de Manizales y Caldas. Los congresistas del departamento deben liderar esta idea en el Legislativo, escuchando el clamor de los directivos de las dos universidades públicas de la ciudad.
También es justo reconocer que, al hacerse el recaudo por vía de la contratación, quienes aspiran a obtener algún contrato con la administración pública local y regional se cuida de no perder dinero, y ese 1% para la estampilla lo termina incluyendo en sus cálculos de gastos, para no perder plata. Así las cosas, somos los ciudadanos los que aportamos ese dinero, pero eso no está mal. Por el contrario, los habitantes de esta región deben sacar pecho al ser conscientes de que sus impuestos han servido para tener mejores universidades, y es pertinente seguirlo haciendo.

Hay que mantener, pues, este esfuerzo colectivo, y para ello la fuerza parlamentaria regional debe comprometerse a buscar la prórroga de la ley. De igual manera, como lo han hecho hasta ahora, las universidades deben estar dispuestas a la auditoría ciudadana para conocer en detalle cómo se están gastando esos recursos. En la medida en que las personas tengan claridad diáfana del destino de los dineros, se tendrá una mayor confianza para seguir hallando las opciones de mantener un apoyo permanente al sector educativo, en aras del beneficio general.