La idea inicial era acabar con la reelección presidencial y aumentar el periodo del Jefe de Estado a 5 o 6 años. Esta semana se conoció el gran paquete de cambios que propone la que ha sido llamada Reforma constitucional de equilibrio de poderes, en la que además del Ejecutivo se abarcan posibles transformaciones en la Rama Judicial y en los organismos de control. Se trata, entonces, de una propuesta de transformación que pisa varios callos y comienza a generar polémica.
Resulta curioso que el Gobierno haya renunciado a la posibilidad de ampliar el periodo presidencial, algo que se daba por hecho. No obstante, ahora se habla de presentar otra iniciativa para nivelarlo con los periodos de los alcaldes y gobernadores, aunque aún no está claro si eso implicará extender los periodos de los actuales gobernantes regionales o acortar los de los próximos. Como sea, en este punto habrá muchas cosas por discutir.
Ahora bien, como era de esperarse, en este proyecto se atacan todas las posibles reelecciones, no solo la de Presidente de la República, sino las del Procurador, Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo, Registrador Nacional y miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), para quienes, además, cambiarían los métodos de elección. Habrá intenso debate, con toda seguridad, por la propuesta de que el Jefe de Estado nomine a los aspirantes a Procuraduría y Fiscalía, lo que podría interpretarse como un nuevo desbalance a favor del Ejecutivo. La escogencia del Contralor estaría en manos del Congreso, lo que no deja de ser discutible.
Los cambios propuestos para la conformación del nuevo Senado también serán foco de agudas controversias, pues la idea de que haya 89 miembros elegidos por circunscripción nacional y que todos los departamentos con menos de 500 mil habitantes tengan derecho a tener un senador, no ha convencido aún a las mayorías en el Congreso. Parece una decisión justa, pero en materia de política los resultados no son necesariamente afines a este enfoque.
En este mismo sentido, resulta controversial la eliminación del voto preferente, para darle paso a las listas cerradas para Congreso y cuerpos colegiados. Si bien eso incidiría en la generación de partidos más fuertes, podría retrocederse en el respeto a la expresión de las minorías, al mismo tiempo que se regrese a la dominación de los gobiernos regionales por los partidos políticos. Además, se tendría que obligar a estas colectividades a establecer férreas reglas de juego interno, para que la conformación de esas listas sea muy democrática, y evitar que se llegue a roscas y mafias que le sigan robando credibilidad al ejercicio político.
Otro tema que promete fuertes discusiones es el de acabar con la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para crear a cambio el Tribunal de Aforados, conformada por magistrados independientes que tendrían potestad de investigar a los magistrados de las cortes, así como al Procurador, Contralor y al Fiscal General. Los miembros de las altas cortes parecen ser los primeros opositores.
Algunos han interpretado como un retroceso reabrir las compuertas para que los congresistas puedan ser nombrados ministros o embajadores, lo que podría generar lazos de dependencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, algo que habría que eliminar en lugar de fomentar. Sin embargo, eso también podría ayudar a que no se perpetúen el el Congreso los caciques políticos.
Algo que sí parece positivo es que se opte por eliminar el Consejo Superior de la Judicatura, que ha sido objeto de tantos escándalos y manipulaciones. La idea de crear el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, solo con funciones gerenciales, parece más viable, y con restricciones para sus miembros se pondrían frenar episodios de corrupción. Esto, sumado al fin de la puerta giratoria entre las altas cortes, comenzaría a devolverle la majestad que la justicia nunca debió perder.
Parece ser un proyecto bien intencionado y ambicioso, por lo que vale la pena debatirlo y sacarlo adelante con los ajustes que resulten pertinentes, pensando en los grandes intereses del país. Lo que no se puede es que con esta iniciativa pase algo similar a lo de la fallida Reforma a la justicia, campo en el cual aún se requieren muchos ajustes.
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