Un paro sin sustento

Los sindicatos de los empleados de la justicia en el país insisten en que, pese a que el Gobierno Nacional ya anunció que les entregará recursos para que funcionen hasta el 19 de diciembre próximo, cuando comienza la vacancia judicial, se mantendrán en cese de actividades. De mantenerse esa actitud tozuda, se va a generar un gran caos en lo que resta del año y casos muy importantes que están en proceso se verán entorpecidos en sus trámites. Tras el ofrecimiento, lo que se espera es que regresen a sus labores.

Si el sistema judicial, como tal, está atravesado por toda clase de escándalos de corrupción e irregularidades, las expresiones de los funcionarios sindicalizados de la Rama tampoco aportan a mejorar la percepción que la comunidad tiene de este poder público. Por la época y el tipo de peticiones que están sacando del sombrero parecería que lo único que pretenden es ganar tiempo para empatar sus manifestaciones con la época de sus largas vacaciones (de las que la mayoría de colombianos no gozan), y quedarse descansando hasta mediados de enero, como ya ocurrió hace dos años.

Muchos empleados judiciales, tal vez la mayoría, que sí quieren ir a trabajar y cumplir con sus contratos laborales, en los que la atención a los ciudadanos es asunto central, ven obstaculizado su deseo debido a la actitud asumida por los activistas, quienes controlan las entradas y salidas de las oficinas, de tal manera que impiden a la fuerza que las labores de prestación de justicia se ofrezcan de manera abierta y directa, como debe ser. Gran parte de ellos comparte las exigencias que formulan los sindicatos, pero también entienden que el paro, que ya ajusta un mes, es una medida desproporcionada. Afortunadamente en Caldas no hemos visto estas situaciones.

Lo que debe hacerse es que todos decidan volver ya a las oficinas a retomar todo lo que se encuentra acumulado y lograr cerrar el año en forma digna. Insistir en el cese de actividades es asegurarse el rechazo general de los colombianos, en lugar de obtener su respaldo y solidaridad. Preocupa que hace dos años se pactaron unos compromisos que el Gobierno ha venido cumpliendo sin mayores inconvenientes, y que pese a eso ahora se le sumen más y más peticiones que afectan el fisco, el cual ya está demasiado debilitado por diversas circunstancias macroeconómicas.
 

Para mañana los líderes de la parálisis tienen programada una movilización nacional, con el ánimo de presionar aún más el cumplimiento de sus exigencias. Hacemos un llamado a que se recupere la sensatez y, en lugar de marchar, se tomen los recursos ofrecidos para funcionar (cerca de $40 mil millones) y se haga un diálogo paralelo en la búsqueda de acuerdos en los demás puntos. A través de las vías de hecho solo hemos de presagiar malos resultados.

Lo complejo es que al paro de los juzgados, como tales, se le suman las afectaciones a las labores de la Fiscalía y las protestas de los funcionarios del Instituto Penitencial y Carcelario, Inpec, quienes también hacen demandas laborales. Así, a la ya precaria condición de los penales se adicionan las exigencias de los guardianes, lo que aleja la posibilidad de lograr una recuperación real de las cárceles. Se calcula, por ejemplo, que unas 23 mil diligencias judiciales en 112 prisiones se afectarán si sigue el paro.