Un fallo sensato

a decisión de la jueza segunda administrativa municipal de Manizales, María Estela Agudelo, de respaldar la acción popular de los gremios en contra del pico y placa para vehículos particulares es sensata. Resulta evidente que los estudios que, supuestamente, respaldaban esa determinación eran insuficientes y que era un error tratar de introducir una medida tan compleja, solo por cumplir una promesa hecha a los taxistas.

También resulta sensato que la Administración Municipal haya decidido no apelar este fallo de primera instancia, y más bien concentrarse en cumplir la orden de profundizar los estudios para que antes de terminar el año se tengan certezas técnicas sobre el asunto, aunque a simple vista se observa que con medidas de regulación del tránsito y algunas obras de infraestructura en sectores específicos de la ciudad sería posible lograr que no haya congestiones, que es lo único que justifica un pico y placa como el que se propone desde octubre del 2013.

Lo ocurrido también demuestra que los gremios tuvieron razón al tomar el año pasado la determinación preventiva de interponer una acción popular, para evitar que se aplicara ese pico y placa sin todos los sustentos, como se pretendió hacer. Esto también debe servir de lección para la Administración Municipal en el sentido de no asumir compromisos frente a los cuales solo se puede actuar de manera técnica, no política. Ojalá que este aprendizaje no solo le quede al actual gobierno, sino a los que lleguen en el futuro, para que no se sigan cometiendo errores.

Además, existiendo un estudio de movilidad realizado por la Universidad Nacional, a través del cual se dan otras opciones para mejorar la movilidad en Manizales, no es pertinente ensayar otros caminos sin el suficiente respaldo científico. Lo que debe hacerse hoy en la ciudad es acelerar la puesta en marcha del nuevo Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), pues está demostrado que son los vehículos de transporte público los que más problemas causan en el tráfico, e inclusive en la contaminación del aire. Si se le pone orden a ese caos actual será posible una fuerte disminución de los tiempos de desplazamiento de un lugar a otro de la capital caldense.

Todo lo que se haga con relación a la movilidad hay que verlo de manera integral, lo que hace pertinente que la autoridad judicial exija que se conozcan estudios socioeconómicos y demás que amplíen el espectro y permitan analizar la situación con más elementos. Adicionalmente, es fundamental que la Administración impulse campañas de cultura ciudadana que lleven a que no se presenten situaciones en las vías que jueguen en contra de la movilidad. El análisis del fenómeno del parqueo es también clave para sacar conclusiones integrales.

No se puede perder de vista que el propósito principal debe ser la calidad de vida, y que las decisiones que tiendan hacia ella deben ser compatibles con el respeto de los derechos individuales y colectivos y con los beneficios económicos generales, porque si se van a afectar los comerciantes, los industriales y los trabajadores, por ejemplo, se estaría desvirtuando su naturaleza. En el horizonte tiene que estar la calidad de vida para todos.