Un fallo que pone límites

Fue tal el esperpento de reforma a la justicia que estuvo a punto de convertirse en ley en el 2012, que todavía está rondando su fantasma, y amenazando con revivir y causar enormes problemas al país. Ojalá sea cierto que no existe ese riesgo y que el fallo del Consejo de Estado solo tenga como efecto que ningún Presidente de la República pueda objetar hacia el futuro una reforma de carácter constitucional y que tampoco cuente con facultades para llamar al Congreso a sesiones extraordinarias con el único objetivo de hundir un proyecto de ley.

Hoy parece un hecho que el presidente Juan Manuel Santos se extralimitó en sus funciones, pero que sin dicha actitud del mandatario tendríamos hoy en aplicación una reforma a la justicia, a la que habían adornado con toda clase de micos, y que más parecía un árbol de Navidad lleno de regalos vergonzosos para magistrados y otros funcionarios de la Rama. Eso habría profundizado los riesgos de mayor corrupción y politización en las altas cortes, en vez de solucionarlos, que era supuestamente uno de los objetivos.

Esperamos que no aparezca el genio que quiera aumentar la confusión en este aspecto, tratando de revivir ese adefesio con base en leguleyadas que pongan en aprietos al Estado. Es necesario que esta determinación sirva para enterrar en forma definitiva ese intento fallido de reforma y que las discusiones se concentren en el nuevo proyecto de equilibrio de poderes, en el que también se incluyen algunos aspectos que es necesario modificar en el sistema judicial. El fin del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) es algo que tiene que concretarse.
 

De la misma manera, algunas estrategias para descongestionar los juzgados y prestarles un mejor servicio a los ciudadanos también se hundieron a lado de los injertos de última hora, y la verdad es que el Gobierno Nacional debe buscar la manera de rescatar lo bueno que había allí, a través de otra iniciativa que no se deje contaminar por las malas intenciones de algunos.

Otro punto que tiene que quedar claro, y pronto, es que se establezcan las sanciones para los conciliadores de dicha reforma, pues está claro que fue en esa instancia de las discusiones cuando se introdujeron todos los micos que hicieron necesario hundir el proyecto. Es evidente que hubo allí intenciones malsanas que no pueden quedarse impunes y que deberían llevar a la pérdida de investidura, por lo menos.

Hay que reconocer que aunque confuso aún en sus alcances, el fallo del Consejo de Estado ayuda a aclarar las reglas de juego en lo relacionado con las atribuciones del Ejecutivo y deja, en teoría, enterrada la reforma. El país debe aprender de ese bochornoso episodio, y no volver a permitir que se llegue a la instancia a la que se llegó, donde claramente se le quiso meter un gol a Colombia. En el proyecto de equilibrio de poderes también deberían incluirse algunos elementos que ayuden a evitar que los conciliadores puedan hacer cambios tan drásticos como los que se quisieron hacer hace dos años.