Un enorme descalabro

Chicago Briedge & Iron Company (CB&I) era una empresa desconocida para la gran mayoría de colombianos hasta la semana pasada. Hoy el país sabe que es la firma estadounidense a la que Glencore, casi en quiebra en el 2008, le transfirió la construcción de la refinería de Cartagena (Reficar), y que habría incurrido en millonarios sobrecostos, denunciados por la Contraloría General de la República. El escándalo surgió cuando se conoció que esa empresa pretendía irse de Colombia sin entregar la información que se necesita para establecer responsables de las irregularidades que llevaron al enorme descalabro. 
De acuerdo con cifras reveladas por la Contraloría los costos de la construcción se incrementaron en cerca de 4 mil millones de dólares (unos $14 billones), sin que nadie lo advirtiera hasta ahora. Por eso, es clave que la Superintendencia de Sociedades haya logrado intervenir esa firma, con el objetivo de acceder a toda la información contenida en los equipos, y así poder establecer los orígenes de los excesos. Ojalá que no hayan sido borrados los discos duros, como es posible que haya ocurrido, lo que podría llevar a procesos penales. De todos modos, la Fiscalía General de la Nación también debe hacer lo propio, cuanto antes, ya que no puede permitirse semejante abuso con recursos del Estado. 
El presidente de Reficar, Reyes Reinoso Yánez, dice estar dispuesto a responder por lo ocurrido allí, dar claridad total acerca de dónde y cómo se gastaron los recursos, igual que exigirle a CB&I que explique sus actuaciones. Sin embargo, lo cierto es que lo presupuestado para el proyecto se dobló en costos que, calculados en comparación con la polémica venta de Isagén, corresponden a cerca de $1 billón más que lo pagado por la firma canadiense por la generadora energética colombiana. El tamaño del descalabro es, pues, de magnitudes descomunales... se dice incluso que construir a Reficar costó más que ampliar el canal de Panamá. 
La modernización de la refinería empezó en el 2007 y debía estar lista en el 2012, pero los trabajos se extendieron hasta el 2015. Reficar firmó 2.390 contratos, hizo 717 adiciones en recursos y 1.052 subcontrataciones. Sin duda alguna, como lo señala la Contraloría, hubo grandes fallas en la planeación del proyecto y en la gestión del desarrollo de las obras, además de desfases en la relación costo-beneficio entre lo invertido y los posibles ingresos futuros, lo que dará un nuevo golpe a las finanzas de Ecopetrol. En lugar de posible rentabilidad (que se había calculado en cerca del 14,6%), lo que hoy se observa es que dará pérdidas durante largo rato, como también se prevé que se extenderá por años el millonario litigio que podría terminar con un dilatado e incierto tribunal de arbitramento. 
Tomando en cuenta que el proyecto comenzó a desarrollarse en firme desde el 2009 y que la mayor parte de la ejecución de las obras y, por tanto, los sobrecostos se dieron durante el actual gobierno, es desproporcionada la acusación del presidente Juan Manuel Santos de que “el pecado original” estuvo en la administración del expresidente Álvaro Uribe. Lo real es que semejante fiasco va a resultar demasiado oneroso para el fisco nacional. Da la impresión de que en el primer gobierno de Santos pudieron tomarse los correctivos necesarios para no permitir que las cosas llegaran a donde están hoy. 

Aunque se prevé que la refinería podrá tener operación plena a partir del próximo mes, lo que es evidente es que será a un costo demasiado alto. Lo fundamental ahora es aclarar los sobrecostos, identificar a los responsables de eventuales casos de corrupción y hacer que paguen por ellos, tratar de recuperar lo que se pueda de la inversión, y, por alguna vez en la vida, aprender del descalabro para que no se repita en el futuro.