Un crimen sin investigación

El asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, hace 19 años, no tiene hoy un solo indiciado con posibilidades de ser señalado culpable, lo que evidencia el riesgo de que ese caso se quede en la total impunidad. Por eso, no genera mucha credibilidad el hecho de que la Fiscalía General de la Nación anuncie ahora que se buscará declarar ese crimen como de grave violación a los derechos humanos, para que no prescriban sus términos en el 2015.
 

El ente acusatorio se puso como límite el 2 de noviembre del año entrante para entregar algunos resultados frente a este hecho, pero como parece saber que no se tendrán respuestas satisfactorias a los múltiples interrogantes que deja el asesinato de Gómez Hurtado, piensa acogerse a la fórmula planteada por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pueda seguir investigando. Mejor sería avanzar hacia su declaración como de lesa humanidad, y no solo eso, sino establecer un equipo especial que se concentre en el caso hasta lograr resultados.

Es evidente que el hecho de atentar en contra de un destacado líder político, que también desarrollaba tareas de periodista, y cuya muerte generó conmoción social, está en una categoría de crimen que requiere un tratamiento especial. Lo que ocasiona desesperanza es que al ritmo que han avanzado las indagaciones desde la fecha del magnicidio, el 2 de diciembre de 1995, todo indica que por más que se extienda el plazo para investigar, el desinterés por el caso seguirá siendo el que predomine, en contra de los resultados.

Es claro que la misma familia del líder inmolado ha señalado diversas líneas posibles de investigación para conducir a quienes serían los autores materiales e intelectuales del asesinato del político, y todo indica que efectivamente se trató de un crimen de Estado, y las posibles vinculaciones del entonces presidente de la República Ernesto Samper no pueden ignorarse. En el expediente hay 25 testimonios que corroboran la participación del cartel del norte del Valle y la intermediación de un abogado amigo del mandatario.

Tampoco se avanza en la dirección que señala la participación de algunos militares en ejercicio en un posible plan de golpe de Estado, en el que Gómez Hurtado habría sido un estorbo por sus convicciones democráticas. No obstante, la Fiscalía se empeña en evadir estas hipótesis sin argumentar con claridad por qué las desecha. Si realmente quiere avanzar hacia la búsqueda de la verdad y el hallazgo de responsables tiene que seguir la huella de los indicios más fuertes.

El fiscal Eduardo Montealegre tiene la responsabilidad de darle a ese caso la importancia que merece y no seguir permitiendo que la verdad se le escape de las manos a la Fiscalía, teniendo a su alcance una amplia posibilidad de líneas de investigación. Es innegable la vinculación de este magnicidio con el famoso Proceso 8.000, por lo que además de ser declarado de lesa humanidad debería buscar pruebas y testimonios entre los protagonistas de los vergonzosos hechos de mediados de los años 90.