Un año electoral

Estamos a un año de las elecciones regionales, si nada extraordinario ocurre. La semana pasada fue de agite político, consultas a funcionarios, especulaciones a granel, por cuenta de cumplirse el primer plazo para que servidores públicos renunciaran si tenían aspiraciones electorales para el próximo año o algunos de sus parientes inhabilitables. Al final, fueron pocos los renunciantes, a pesar de que se barajaron muchos nombres. Un año es mucho para lanzarse a tal aventura, lo que pone un interrogante ahora que se debate la ley de reforma del Estado en el Congreso de la República.
El espíritu de esta norma es evitar que alguien desde su cargo público pueda favorecerse de cara a una elección. No obstante, esto perjudica a quienes se encuentran nombrados y no, por ejemplo, a contratistas que hoy en día tienen a veces más responsabilidad que el nombrado, pero para ellos se reduce la exigencia a seis meses, lo que suena de entrada injusto. Parte del problema que se presenta en Colombia con las inhabilidades, como la que sufrió el elegido Guido Echeverri Piedrahíta en su momento parecen draconianas, pero la ley es para cumplirla y si no se comparte lo que establece, pues debe cambiarse por las vías que nuestra democracia ofrece para ello.

El primer problema que tienen muchas personas con intenciones de llegar a un cargo de elección popular lo encuentran en sus propios partidos. Bien viene el llamado que hicieron la ONU y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) al Gobierno para que revise en el proyecto de reforma del Estado, un cambio profundo de los partidos, pues estos siguen obedeciendo al gamonalismo, a que el senador de la región imponga sus criterios y la deliberación y la democracia no aparezcan casi en ninguno. Esto hace que a un año muchas personas con capacidades y deseos de ser elegidas no se atrevan, pues las reglas de juego no resultan claras.

Tampoco favorece este esquema a personas honestas que viven de su salario. 14 meses sin recibir pago, pues debe sumarse lo que sigue en caso de salir electo, es la demostración de que a la política no necesariamente se pueden dedicar los mejores. Un asalariado vive de su sueldo y se ve obligado a que su familia pase trabajos, a exigir a su partido que le pague un salario o simplemente a desistir porque no puede darse ese lujo, dejando el camino despejado para personas que en muchas ocasiones no tienen las mejores intenciones y que viven de ofrecer favores al mejor postor. A esto se suma el proyecto que cursa en el Congreso para prolongarles el mandato por dos años a los actuales alcaldes. Otra coyuntura que hace pensárselo dos veces a quien tenía que renunciar.

No pretendemos con esto señalar que una persona que aspire a ser elegido renuncie un día antes de la elección, sino que se debe buscar un plazo menor. Seis meses antes de la elección estaría bien. De otro lado, de nada vale tener normas tan estrictas cuando cunde la doble moral en materia electoral. Decenas de prácticas que simplemente hacen esguince a la ley. Así pues que valdría la pena que en aras de buscar a las mejores personas para el servicio público se mejore esta norma.