Tratamientos paliativos a la salud

El sistema de salud en Colombia sigue en medio de una crisis que cada día hace más difícil su posible recuperación. Las deudas de las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con las clínicas y hospitales (o IPS) crecen hora tras hora, sin que se hallen las soluciones de fondo, y esa situación lleva a que los pacientes sean los más perjudicados, porque a pesar de que hagan sus aportes al Régimen Contributivo o el Estado los tenga en sus listados de Régimen Subsidiado, no encuentran quién les preste la atención que necesitan.

Frente a eso, el pasado martes el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, presentó un plan de choque con el objetivo de avanzar en el camino de las soluciones. Sin embargo, lo verdadero es que las medidas anunciadas son apenas un paliativo que servirá para hacerle frente a la coyuntura, de una manera general, pero que no resuelve el fondo de un problema que desde el primer gobierno de Juan Manuel Santos fue presentado como una prioridad, pero en el que poco se ha hecho para corregir el rumbo.

El ministro Gaviria señaló que el paquete de medidas contiene la destinación de $100 mil millones para comprar carteras de EPS, con un periodo de gracia de 3 meses, y otros $100 mil millones para impulsar créditos para el sector, con la idea de que superen $1 billón. Otras decisiones son hacer un estricto seguimiento a las cuentas maestras de pagos de EPS, un mayor esfuerzo en conciliación de carteras entre EPS e IPS y la reglamentación de la subcuenta de garantías del Fosyga. Según el funcionario, se le estarían inyectando al sistema $1,5 billones, los cuales, sin embargo, solo corresponden a adelantos de recursos que ya estaban presupuestados.

Hoy podemos decir que el único avance real ha sido la promulgación de la Ley Estatutaria, que entrará a regir el año entrante, y que se quedó en pañales el proyecto de reforma a la ley general de la salud, pese a que hace cerca de año y medio se creyó que podría salir adelante. Las presiones y los fuertes intereses que hay en un sector que cada año mueve recursos por cerca de $30 billones hacen que todas las mejoras que se quieran introducir encuentren múltiples obstáculos.

El país no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de las EPS para cancelar sus deudas, es urgente que haya medidas más fuertes para que las cuentas con clínicas y hospitales, que ascienden a cerca de $12 billones, sean pagadas, y con ello no se les nieguen los servicios a los usuarios. Además, incluso, el mismo Gobierno Nacional tiene que dar ejemplo en casos como el de Caprecom, que tiene la responsabilidad del Régimen Subsidiado y tiene una cartera de casi $1 billón con las IPS. En solo Caldas las deudas de Caprecom llegan a los $29 mil millones 553 mil, lo que tiene a hospitales como el San Félix de La Dorada, en graves problemas financieros.

La realidad es que, año tras año, cuando la situación está a punto de explotar, el Ejecutivo adopta medidas de choque que ayudan a bajarle la temperatura al problema, pero que no corresponden a las determinaciones estructurales que se requieren. Sigue faltando una gran reforma que apunte a disolver las causas de una crisis que se ha eternizado y que es cada vez más compleja; ojalá que el Congreso de la República y el Gobierno Nacional estudien con seriedad un proyecto en ese sentido lo más pronto posible, porque no se pueden aplazar más los remedios, aplicando solo aguas tibias.