Se han intentado todo tipo de estrategias para luchar contra la corrupción en Colombia, país que infortunadamente siempre aparece en lugares poco dignos cuando se hacen mediciones internacionales, como la que el año pasado realizó la Universidad de Vanderbildt, en la que se observa para nuestro país una percepción de corrupción del 79,6%, la más alta de Latinoamérica, solo superada por Venezuela. Ese resultado lo que indica es que todos los colombianos sabemos que los niveles de corrupción son altos, pero la reacción, en general, es ser apáticos frente a lo que ocurre en la administración pública.
Podríamos recordar un estudio hecho por la Sociedad Colombiana de Economistas, en el 2011, en el que se calculó en $189 billones el dinero perdido debido a la corrupción en nuestro país, de 1991 a 2010. La situación no ha cambiado mucho, si tenemos en cuenta que a finales del año pasado la ONG Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de Corrupción, en el que Colombia se mantiene en el puesto 94 entre 175 países evaluados, con un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción).
Son varios billones de pesos los que se pierden en Colombia en manos de los corruptos, cada año. De acuerdo con una encuesta hecha por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado el 91% de los empresarios consultados acepta que el sector privado paga cerca del 17,3% de lo contratado en coimas, para asegurar la asignación de los contratos que ofrece el sector público, lo que evidencia que las fugas de los recursos del erario siguen siendo descomunales. Hace apenas unas semanas se conoció el caso aberrante del millonario robo de recursos destinados a la alimentación escolar en el país.
Para tratar ese tipo de problemas y ver qué soluciones se encuentran, el pasado viernes se realizó en Manizales el III Foro Transparencia en lo público, liderado por la Contraloría de Caldas, la Universidad de Manizales y LA PATRIA. Estuvieron como invitados especiales el auditor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso. Surgieron allí reflexiones acerca de las mejores formas de garantizar que los recursos públicos se usen adecuadamente y que se pueda evitar que terminen en manos de los corruptos.
Frente a eso, la gran conclusión es que los organismos de control cuentan hoy con las herramientas suficientes para seguirles la pista a los recursos, casi que en tiempo real, y que lo que se necesita es ser creativos a la hora de establecer mecanismos que permitan que la comunidad se involucre en el seguimiento de las inversiones públicas. Así también se podría agilizar el trámite de denuncias y la posterior toma de medidas que les reste margen de acción a los corruptos. Adicionalmente, la armonización del trabajo entre los distintos organismos de control y vigilancia debería dar como resultado que no se pierda ni un solo peso del erario, y ese es el gran desafío hacia el futuro.
El foro también tuvo como objetivo hacer un llamado de atención para que al final de las actuales administraciones municipales y departamental en Caldas, los gobernantes salientes hagan un empalme transparente con los nuevos mandatarios, de tal manera que la ejecución de los programas fundamentales siga sin contratiempos y garantizando que las inversiones arrojen los resultados esperados. El llamado es a que quien llegue encuentre una visión panorámica completa de lo que pasa en las dependencias y que eso le permita impulsar una gestión en beneficio de todos los ciudadanos.
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