A terminar ya el paro

En el editorial del pasado 8 de julio pedíamos decisiones contundentes para hacerle frente al paro camionero, que hoy llega a 39 días sin que haya soluciones. Por fin ayer el presidente Juan Manuel Santos anunció una serie de medidas que endurecen la posición del Gobierno y buscan obligar a los manifestantes a que no se excedan en sus protestas, como ha ocurrido en algunas regiones. Ante el costo de los fletes, de los peajes y de la gasolina, así como frente a la chatarrización, el Ejecutivo ha respondido con propuestas equilibradas, pero la insistencia de los camioneros para exigir imposibles no da opciones de salida.
El mandatario ordenó inmovilizar e incautar vehículos que se usen para bloquear vías o impedir el servicio de transporte, cancelar la licencia a los conductores que participen en los bloqueos, cancelar las licencias de operación a los propietarios y empresas, e imponer multas hasta por $480 millones, además de cancelar las matrículas de los vehículos que se presten para vías de hecho. Además, autorizó que temporalmente particulares puedan transportar carga, y que se establezca un centro logístico para facilitar el movimiento de la carga en coordinación con los empresarios y con los conductores que decidan trabajar.
La respuesta de los camioneros es que se mantendrán en las carreteras y continuarán exigiendo que se les dé lo que están pidiendo, sin importar el tiempo que pase, en una actitud que lo único que logra es perjudicar gravemente la economía del país, llevar a la escasez de alimentos y su respectiva carestía y, en general, el perjuicio de todos los colombianos. No es justo este panorama, cuando la causa del paro corresponde a una minoría que debería negociar con el Gobierno sin arrastrar al resto de ciudadanos a un problema en el cual no tienen responsabilidades. Por medio del chantaje comienzan a llevarse al país hacia el abismo.
Las pérdidas para las empresas colombianas alcanzan ya cifras astronómicas, y cada día que pasa significa un riesgo mayor para la estabilidad de la economía colombiana. Las materias primas para fabricar productos no logran llegar a las factorías, lo que ha llevado a que decenas de miles de trabajadores estén sin nada qué hacer y a que muchos empresarios no encuentren más opción que adelantar vacaciones o mermar sus plantas de personal, lo que golpea fuertemente el empleo y los ingresos de los hogares. Los productos terminados también siguen en bodegas y se incumple en la entrega al no tenerse alternativas para trasladar mercancías.
El bolsillo de todos los colombianos está sufriendo las consecuencias de un paro en el que se mueven muchos intereses, varios de ellos mafiosos, pues ya la Fiscalía señala que hay dineros ilícitos, no solo financiando a los manifestantes, sino con la posibilidad de resistir con tal de continuar sus fraudulentas maniobras de blanqueo de activos y otras expresiones de corrupción y delito. Todo esto tiene que ser investigado a fondo y cortado de raíz, porque es mucho el daño que le hace a Colombia.

Se necesita que la estrategia de las caravanas escoltadas pueda soportar la coyuntura y mantener a flote la economía, y que tales desplazamientos cuenten con todas las condiciones de seguridad. Si bien, al Ejecutivo le cogió la tarde para enfrentar con mayor determinación la actual crisis, es el momento en que los distintos gremios y la sociedad, en general, acompañe las nuevas medidas, para que se acabe ya un paro que nos perjudica a todos.