Soluciones para Cervantes

El próximo 5 noviembre se cumplirán cinco años de la tragedia del barrio Cervantes, en la que murieron 48 personas y quedaron destruidas 17 casas. Pese a que durante este tiempo se han buscado salidas diversas para que los familiares de las víctimas hallen una compensación económica frente a los enormes daños que sufrieron sus propiedades y sus vidas, en no menos ocasiones han aparecido obstáculos para poder concretar salidas que resulten justas y concluyentes. La anterior administración de Jorge Eduardo Rojas había logrado, supuestamente, un buen arreglo, pero finalmente no se concretó, y la actual alcaldía de Octavio Cardona parece que quisiera darle vuelo a una solución diferente.
La semana pasada quedó claro que ninguna entidad de las comprometidas en estos hechos se acogió a la alternativa de conciliación, en el caso específico de la muerte de cuatro personas de una misma familia, en aquellos aciagos hechos. Los abogados que los representan ampliaron el espectro de posibles responsables, al punto que los ministerios de Vivienda y de Ambiente también tendrían que responder. Así, las cosas seguirán el camino de un proceso penal, cuando se llegó a pensar que todo podría resolverse por las vías de un trámite contencioso administrativo, que es el que más les conviene tanto a las víctimas como a las entidades.
Mientras que hay diversos estudios que señalan que la tragedia pudo ser prevenida, y que por tanto el Municipio, Corpocaldas y Aguas de Manizales deberían buscar un camino que permita compensar a los familiares de las personas fallecidas, con un acuerdo que se ajuste a la ley con respecto a una cantidad de dinero que tampoco afecte de manera grave las finanzas oficiales, la existencia de procesos que no han encajado en las posibilidades de acuerdo trazadas por la anterior administración han llevado a que surjan nuevos escollos que hacen cada vez más improbable una solución que resulte viable.
Tampoco parecen ir en esta dirección las posiciones que ahora hablan de causas de fuerza mayor, de carácter incontrolable, cuando está comprobado que, antes de la tragedia, miembros de la comunidad hicieron nueve llamadas al call center de Aguas de Manizales, sin que fueran atendidas, razón por la cual incluso la Superintendencia de Servicios Públicos ya emitió una sanción.
El próximo 7 de julio la juez del caso volverá a escuchar a las partes involucradas, para ver si es posible un remedio que desbloquee el proceso. Hay que recordar que el Concejo de Manizales aprobó en noviembre del año pasado los recursos para cubrir la indemnización pactada con la mayor parte de las víctimas, y aunque en un principio hubo celeridad en la búsqueda de salidas, lo que se observa hoy es un deseo de congelar lo avanzado y arrancar con nuevos análisis que ya se creían superados. Es necesario que muy pronto se defina el camino a seguir y que no se permita que pasen más años sin que se plantee una determinación final y clara. Es una verdadera tortura para los familiares de las víctimas seguir en ese vaivén sin sentido.

Si desde el comienzo se ha dado un acompañamiento de las entidades de control y se han observado conceptos técnicos que arrojan mucha claridad acerca de lo ocurrido, resulta absurdo que surjan más aplazamientos. Es claro que una indemnización no tiene la capacidad de devolver a nadie a la vida, pero sí puede significar un respiro para los sobrevivientes, quienes merecen un mínimo de sentido solidario de todos. En la anterior administración se corrigieron importantes errores de carácter legal que se habían cometido, lo que debe ser tomado en cuenta ahora para terminar cuanto antes esta angustiosa espera.