Se va marcando el camino

Desde antes de presentarla se sabía que la reforma de equilibrio de poderes causaría agudas controversias, ya que cualquier decisión que se tome les quitará privilegios a algunos, y a otros les entregará nuevas responsabilidades. Además, las fuerzas políticas en el Congreso de la República buscarán imponer sus tesis, y hoy la oposición tanto de derecha como de izquierda se identifican en su lucha contra la posibilidad de que el Ejecutivo termine ganando más espacios de maniobra. La eliminación de la reelección presidencial y dar más garantías a las minorías resultan vitales, pero no es suficiente.

Si bien la discusión comienza, y apenas se aprobó el primero de ocho debates en dos vueltas, lo que va quedando marca un camino, tomando en cuenta que, de todos modos, el Gobierno Nacional conserva las mayorías parlamentarias. Se va configurando un escenario que contempla los temas más polémicos y que seguirán siendo objeto de fuertes debates. Se va decantando, así mismo, todo aquello en lo que parece haber consenso y que, seguramente, no tendrá muchas dificultades para ser aprobado.

También se alinderan las fuerzas de un lado y del otro, lo que al final podría dar muchas sorpresas, que esperamos no se conviertan en micos de última hora, ni otro tipo de actuaciones oscuras que terminen quitándole legitimidad y seriedad a lo que se apruebe. Ya vivimos ese horror con la fallida reforma a la justicia de hace dos años, un episodio que nos llena a todos de vergüenza.
Una de esas sorpresas es, por ejemplo, el fuerte pronunciamiento del fiscal general Eduardo Montealegre en contra del proyecto del Gobierno, al que comparó con la toma del Palacio de Justicia. Específicamente arremetió, como también lo han hecho otras voces, contra el tribunal de aforados que juzgaría a los más altos funcionarios del Estado, y que significaría la desaparición de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, señalada de inoperante.
 

Ante la aprobación de la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para crear en su remplazo la sala de gobierno judicial y el cargo de director judicial, es seguro que toda la Rama se vaya en contra de la reforma. Sobre todo, porque también se elimina la llamada puerta giratoria en las cortes, que tanto se ha criticado, y se limitan las posibilidades de reelección de Fiscal, Contralor y Procurador, y la manera de nominarlos para esos cargos. El debate será candente en los próximos meses, pero lo que esperamos es que se termine configurando una ley que realmente equilibre las fuerzas y que le cierre la puerta a la corrupción.

También hay fuertes discusiones en torno a la propuesta de voto obligatorio, que efectivamente no debería existir en ninguna democracia, pero que en nuestro medio podría ser la única manera de generar una cultura de participación. Son muchos los riesgos sobre este asunto, así se acoja de manera temporal, porque además sabemos de la debilidad institucional que haría muy complicado castigar a los que no vayan a las urnas, con lo que el supuesto remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad. Ahora bien, también causa muchas suspicacias que el Gobierno nacional lo impulse en estos momentos, cuando se estaría acercando el referendo para validar los acuerdos de La Habana.

Queda mucha tela por cortar y en lo que resta del año debe llegarse hasta la mitad de los debates, pero la esperanza es que el resultado interprete de verdad el deseo de los colombianos de tener una democracia fortalecida.