El secuestro de las Farc a un general del Ejército no podía conducir a otro camino que a la suspensión de los diálogos de paz. Esa agrupación subversiva se pasó de la raya y no le dejó más alternativa al Gobierno que suspender las conversaciones hasta que el alto oficial sea liberado. Se trata de una nueva salida en falso de los subversivos que pone en riesgo la continuidad de las conversaciones, en la que se venían teniendo logros importantes.
Esa acción perpetrada por el frente 34 de las Farc, que delinque en amplias zonas del Chocó, lleva a que a los colombianos se les agote la paciencia con lo que está pasando en La Habana, donde aparentemente se muestra una intención de paz, mientras que en Colombia se mantienen las acciones de ataque a la población civil y hechos hostiles contra las instituciones, como los secuestros de funcionarios y militares.
Todo parece indicar que de esta manera ese grupo guerrillero quiere forzar un cese bilateral del fuego, trampa en la que el Gobierno Nacional no puede caer. Si se pactó que se dialogaría en medio del conflicto ese tiene que ser el escenario en el que se lleven a cabo las negociaciones, en cuyo espacio no pueden desconocerse los principios del Derecho Internacional Humanitario, ni trasgredir promesas como la de no secuestrar más, que hicieron los subversivos desde un comienzo.
Ahora bien, también deben esclarecerse las circunstancias que llevaron al secuestro del brigadier general Rubén Darío Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, pues no es normal que un militar de su rango se desplace por zonas rojas sin escoltas y vestido de civil, como ha trascendido que ocurrieron los hechos. Como sea, nada justifica que las Farc secuestren y actúen dándole la espalda a la voluntad de paz que tiene que mostrar en todos sus actos, si es verdad que les interesa avanzar hacia la dejación de armas y la reintegración a la vida civil.
Está claro que el logro de la paz significará que la sociedad colombiana haga concesiones, pues los mecanismos de justicia transicional que se aplicarían en estos casos implican un cierto grado de impunidad, a cambio de verdad y reparación a las víctimas, pero eso no significa que tengamos que soportar todos los abusos e irrespetos que los grupos armados ilegales quieran cometer en contra del país. Esta actitud hostil y torpe de las Farc tiene que ser rechazada con toda energía, y marcar un punto de quiebre en las negociaciones, donde les quede claro que un acto más de este tipo significará el levantamiento de la mesa.
Lo primero que tienen que hacer las Farc es entregar de inmediato al general Alzate y a sus acompañantes, así como a los dos soldados que esa agrupación secuestro la semana pasada en Arauca. No se pueden tolerar más este tipo de acciones, y el presidente Juan Manuel Santos tiene que mantenerse firme en solo volver a dialogar si esa agrupación se compromete a no seguir cometiendo abusos. De igual forma, las operaciones militares tienen que intensificarse y seguir dando golpes certeros a los alzados en armas.
Además, llegó el momento de poner límites concretos al fin de los diálogos, pues el país está a punto de perder por completo la paciencia. Se requieren con urgencia gestos de voluntad de paz de las Farc, no más actos de guerra que le ponen palos a las ruedas de la reconciliación. La demora en la liberación de los secuestrados sería un ataque directo al futuro de las negociaciones.
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