Rápido, pero sin precipitud

El presidente Juan Manuel Santos, a través de una alocución televisiva el pasado miércoles, anunció que comenzará a negociar con las Farc la posibilidad de un cese bilateral del fuego. No hubo mucha sorpresa al respecto, debido a que del tema se viene hablando desde finales del 2014, cuando esa agrupación subversiva determinó poner en marcha un cese unilateral indefinido. El pronunciamiento de Santos se enmarca en una paradoja que debe ser resuelta con gran tino: la necesidad de lograr rápidos avances, al mismo tiempo que los acuerdos no impliquen ventajas para la subversión.

El Gobierno Nacional está claramente decidido a lograr este año la firma del fin del conflicto armado, y eso está bien. Entre más rápido se logre, mejor. Sin embargo, algunos sectores de la opinión observan, con razón, que un cese bilateral del fuego no puede darse tan rápido, pues hay presupuestos necesarios que deben aportar las Farc antes de que se pueda dar una decisión en ese sentido. Esa agrupación tiene que dejar de reclutar niños y devolver a sus familias a los que hoy tiene en las filas, aportar en las labores de desminado, liberar a quienes aún están secuestrados, y en fin, no delinquir más.

Es evidente que los avances en el proceso son significativos, y que las negociaciones parecen haber llegado a un punto de no retorno, pero así como a esta altura es un grave riesgo el estancamiento, también lo es que en la recta final se tomen decisiones apresuradas que resulten contraproducentes para el país. Desde luego que hay que avanzar en el desescalamiento del conflicto, con la meta de llegar pronto a un acuerdo que permita decretar un cese bilateral y definitivo de la guerra, pero ese debe ser el resultado, no un supuesto medio para poder concretar los acuerdos.

Las aclaraciones hechas por el general (r) Óscar Naranjo (ministro consejero para el Posconflicto, derechos humanos y seguridad), acerca de que apenas se comenzará a conversar sobre ese tema y que no hay ninguna instrucción expresa a las Fuerzas Militares para que reduzcan la intensidad de sus operaciones, generan confianza. La misma confianza surge del hecho de que la comisión que viene analizando los temas de terminación del conflicto esté encabezada por el general Javier Flórez, un militar curtido en las labores de la guerra.

Ahora bien, no le falta razón a los líderes del Centro Democrático, al advertir que se debe ir avanzando hacia el establecimiento de una zona de concentración de los guerrilleros desmovilizados, con el fin de que el cese del fuego que se decrete en un momento dado, pueda ser verificable. Esa zona no solo serviría para que se garantice que los miembros de la guerrilla no delincan más, sino para su propia seguridad mientras se firman los acuerdos y se ponen en marcha. Lo cierto es que la Fuerza Pública tiene el deber constitucional irrenunciable de operar en la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos, y en eso no se puede bajar la guardia por ningún motivo.

El Gobierno ha reconocido que las Farc han cumplido hasta ahora con la tregua en la que se comprometieron, y frente al pronunciamiento del presidente Santos los líderes guerrilleros reaccionaron de manera inmediata señalando que ya están listos para ese cese bilateral, lo cual puede interpretarse como un deseo real de avanzar en los diálogos. Viene ahora el desafío de concretar los acuerdos en todos los puntos de la agenda y aprovechar el buen ritmo con el que arrancarían este año las negociaciones. El proceso parece estar ya muy maduro y en la recta final, y lo que hoy debemos desear los colombianos es que llegue a buen puerto y pronto.