Que no se quede en amenaza

Resulta fácil decir que se tomará la decisión radical de descontar parte de sus salarios, si los miembros del Senado no asisten a las sesiones como está estipulado en los reglamentos de esa corporación. Lo difícil es lograr que esas advertencias se cumplan, y que los que evaden las responsabilidades o generan boicots a iniciativas que requieren trámites serios y rápidos, realmente reciban un castigo.

Ya que el presidente del Senado, José David Name, dijo tajante que el descuento del salario se hará efectivo, es una situación que tiene que cumplirse, pues de lo contrario solo se convertiría en parte de un juego perverso que extendería más la incredulidad de los colombianos en lo que hacen nuestros padres de la patria. Lo ocurrido el pasado miércoles, cuando cerca de 60 de los 102 senadores no asistieron a la sesión, es realmente vergonzoso, lo mínimo que deben hacer quienes fueron elegidos por el pueblo, para representarlo, es ir a las discusiones.

Ahora bien, después del anuncio de Name, es esperable que la Secretaría General del Senado se llene de excusas de diversa índole para justificar las ausencias de todas las maneras posibles. Después vendrá un largo proceso de verificación y análisis, en el que los congresistas también pueden presentar apelaciones y otras gabelas para evitar la sanción, la cual, si se cumple, tendrá efectos varios meses después del incidente. Como sea, lo importante es que esto no se trate de una nueva cortina de humo, para tratar de salir del paso por la vía rápida.

Hoy es un hecho, que en los últimos cuatro años no se ha dado el caso de reducir el salario de un senador, pese a que los ausentismos en los debates son permanentes. Fue lo que pasó el 8 de abril del año pasado, cuando se quiso hacer la primera audiencia pública sobre la Reforma a la salud propuesta por el Gobierno, a la que solo asistieron 2 de los 14 senadores de la Comisión Séptima, encargada del tema. Ese desgano se tradujo luego en el hundimiento de esa iniciativa, que hoy sigue pendiente de ser debatida. Mientras los colombianos la consideramos una urgente necesidad, los congresistas la hacen a un lado.

En otro momento del año pasado, las víctimas del conflicto armado terminaron siendo escuchadas por apenas 15 congresistas que se quedaron hasta el final de la plenaria, la cual comenzó con cerca de 100 parlamentarios, menos de la mitad del total de senadores y representantes que tenían que haber estado en el recinto principal del Capitolio. Lo más grave es que pese a que la Ley 5 de 1992 es enfática en señalar que la asistencia a las sesiones es obligatoria, “a menos que presenten una excusa justificada”, los hechos confirman que eso es letra muerta. La norma, incluso, debería ir más allá y señalar la pérdida de investidura para los que acumulan determinado número de ausencias.

También vale tomar en cuenta los estudios hechos por el programa Congreso Visible, de la Universidad de Los Andes, en los que se muestra que lo que más perjudica el trámite de los proyectos en esa corporación no es el ausentismo, sino la abstención que práctica, en promedio, un 30% de los congresistas a la hora de votar. Dicho de otra manera, la gran mayoría atiende el llamado de asistencia a las sesiones (cerca del 90%), pero cuando llega el momento de las decisiones, es apenas la mayoría simple (cerca del 60%) la que vota. Es ahí donde está el problema más serio, lo cual también debería tener alguna sanción. Por lo pronto, toca esperar que la advertencia no haya sido una manera de salir por la tangente, cuando lo que debe darse es un castigo ejemplar.